El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la entrega de un crédito para Ecuador de cuatro mil millones de dólares en medio de cuestionamientos al Gobierno por el impacto de ese acuerdo.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el país recibirá de manera inmediata mil millones de dólares y el resto a lo largo de los próximos cuatro años, como parte del convenio en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF).
El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, señaló que el programa permitirá, además, que el país acceda a financiamiento de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Fondo Latinoamericano de Reservas, entre otros.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó esta semana una resolución para fiscalizar el acuerdo con el FMI, pues hasta ahora se desconocen los detalles.
«Las condiciones del FMI vienen en detrimento social», afirmó la legisladora de la Revolución Ciudadana Gissela Garzón, quien propuso que la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social inicie el proceso de fiscalización.
La parlamentaria señaló que el país ha superado el nivel de endeudamiento y en la práctica ese dinero no se traduce en mejores condiciones de vida ni en mejores servicios públicos, sino que se utiliza para pagar los préstamos.
Especialistas advirtieron que buena parte de los recursos recibidos se destinarán al mismo FMI, entidad con la que el país tiene una deuda de cuatro mil millones de dólares solamente por vencimientos o amortizaciones, pues la suma total asciende a más de nueve mil millones.
El nuevo crédito no solo será utilizado en su totalidad para pagarle al propio FMI, sino que no alcanza el dinero para hacerlo, alertó el economista Marco Flores.
Llamó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a no caer en los mismos graves errores que cometieron sus predecesores Lenín Moreno y Guillermo Lasso y use parte razonable del endeudamiento para reconstruir la inversión y servicios públicos, impulsar la economía, la producción y el empleo.