El demandante en el caso ‘Pfizergate’ ha pedido al Consejo Europeo que obligue a dimitir a la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, y al resto de sus comisarios, en una carta vista por Euronews.
La carta del demandante va dirigida a los 27 líderes de la UE y a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo al que pertenece Von der Leyen. Su entrada en registro del Consejo fue el 29 de mayo.
El demandante pedía a los líderes de la UE “que remitan el asunto -Pfizergate- al Tribunal de Justicia para que ordene la dimisión obligatoria y la pérdida de los derechos de pensión no sólo de la señora Von der Leyen, sino también de todos los Comisarios europeos que forman parte de su Comisión”.
Reclama que se retire como candidata principal del PPE
Además, la demandante pidió “al Partido Popular Europeo que retire la candidatura de la señora Von der Leyen al puesto de Presidenta de la Comisión Europea”, así como “que prohíba a cualquier persona presentar la candidatura de la señora Von der Leyen al puesto de Presidenta de la Comisión Europea o a cualquier otro cargo dentro de las instituciones europeas mientras sea objeto de un procedimiento penal”.
La abogada basó su petición en los artículos 245 (actuación incompatible con sus funciones) y 247 (falta grave) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El caso se refería a la divulgación de llamadas y mensajes de texto intercambiados entre Von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla, a través de los cuales ambas partes negociaron contratos de vacunas durante la crisis del COVID-19.
A raíz de una denuncia penal presentada por Frédéric Baldan, un grupo de presión belga centrado en las relaciones comerciales entre China y la UE, las autoridades belgas iniciaron el caso a principios de 2023. Posteriormente, los gobiernos de Hungría y Polonia se sumaron a la demanda.
Von der Leyen seguía “negándose obstinadamente a revelar los contratos de compra de vacunas COVID […y] los mensajes electrónicos que intercambió con el señor Bourla, director general de Pfizer”, según la carta, que afirmaba que sus acciones ofendían “la moralidad pública” y “quebrantan la confianza legítima que los ciudadanos deberían poder tener en todos los miembros de la Comisión Europea”.
“Es evidente que la señora Von der Leyen y los miembros de su Comisión ya no están en condiciones de desempeñar sus funciones”, según la carta, que considera que esto “viola el principio de buena administración previsto en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales”.
Opacidad, secretismo y falta de información
El demandante también cuestionó la implicación de la Fiscalía de la UE, que ha solicitado hacerse cargo del caso, ya que, según la legislación de la UE, este organismo está destinado a investigar, perseguir y llevar ante los tribunales a los autores de delitos penales que perjudiquen al presupuesto de la UE.
Según Baldan, el objetivo del movimiento de la fiscalía era “declarar nulas todas las partes civiles, en este caso, y por tanto anular toda la investigación”, añadiendo que la oficina podría no disponer ya de los fondos necesarios para completar sus investigaciones a finales de 2024.
La Comisión Europea no ha respondido a una solicitud de comentarios en el momento de la publicación de este artículo.