Sobre la base de las pruebas recopiladas y examinadas por mi Oficina, tengo motivos razonables para creer que Benjamin Netanyahu, el Primer Ministro de Israel, y Yoav Gallant, el Ministro de Defensa de Israel, tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra actos de humanidad cometidos en el territorio del Estado de Palestina (en la franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023:
Hacer morir de hambre a civiles como método de guerra como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(b)(xxv) del Estatuto.
Causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o la salud en contravención del artículo 8(2)(a)(iii), o trato cruel como crimen de guerra en contravención del artículo 8(2)(c)(i).
Homicidio intencional en contravención del artículo 8(2)(a)(i), o Asesinato como crimen de guerra en contravención del artículo 8(2)(c)(i).
Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra en contravención de los artículos 8(2)(b)(i) o 8(2)(e)(i).
El exterminio y/o asesinato en contravención de los artículos 7(1)(b) y 7(1)(a), incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen de lesa humanidad;
La persecución como crimen de lesa humanidad contrario al artículo 7(1)(h);
Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad contrarios al artículo 7(1)(k).
Mi Oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina, y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás (junto con otros grupos armados palestinos) que se desarrolla en paralelo. Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad acusados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina de conformidad con la política del Estado. Estos crímenes, en nuestra opinión, continúan hasta el día de hoy.
Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotografías y audio autenticados, imágenes de satélite y declaraciones del grupo presunto perpetrador, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana.
Esto se produjo mediante la imposición de un asedio total sobre Gaza que implicó cerrar completamente los tres puntos fronterizos, Rafah, Kerem Shalom y Erez, a partir del 8 de octubre de 2023 durante períodos prolongados y luego restringir arbitrariamente la transferencia de suministros esenciales, incluidos alimentos y medicinas. – a través de los cruces fronterizos después de su reapertura. El asedio también incluyó el corte de tuberías de agua transfronterizas desde Israel a Gaza –la principal fuente de agua potable de los habitantes de Gaza– durante un período prolongado que comenzó el 9 de octubre de 2023, y el corte y obstaculización del suministro de electricidad desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta hoy. Esto tuvo lugar junto con otros ataques contra civiles, incluidos aquellos que hacían cola para recibir comida; obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias; y ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios, que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones en Gaza.
Mi Oficina sostiene que estos actos se cometieron como parte de un plan común para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza como medio para (i) eliminar a Hamás; (ii) asegurar el regreso de los rehenes que Hamás ha secuestrado, y (iii) castigar colectivamente a la población civil de Gaza, a quien percibían como una amenaza para Israel.
La hambruna está presente en algunas zonas de Gaza y es inminente en otras. Como advirtió el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hace más de dos meses, “1,1 millones de personas en Gaza se enfrentan a un hambre catastrófica –el mayor número de personas jamás registrado– en cualquier lugar y en cualquier momento” como resultado de un “desastre enteramente provocado por el hombre”. Hoy, mi Oficina busca acusar a dos de los máximos responsables, NETANYAHU y GALLANT, como coautores y como superiores de conformidad con los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma.
Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario. Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza –es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil– son criminales.
Desde el año pasado, en Ramallah, en El Cairo, en Israel y en Rafah, he enfatizado constantemente que el derecho internacional humanitario exige que Israel tome medidas urgentes para permitir de inmediato el acceso a gran escala a la ayuda humanitaria en Gaza. Subrayé específicamente que el hambre como método de guerra y la denegación de ayuda humanitaria constituyen delitos del Estatuto de Roma. No podría haber sido más claro.
Como también subrayé repetidamente en mis declaraciones públicas, quienes no cumplen con la ley no deberían quejarse más adelante, cuando mi Oficina tome medidas. Ese día ha llegado.
Al presentar estas solicitudes de órdenes de arresto, mi Oficina actúa de conformidad con su mandato en virtud del Estatuto de Roma. El 5 de febrero de 2021, la Sala de Cuestiones Preliminares I decidió que la Corte puede ejercer su competencia penal en la situación en el Estado de Palestina y que el alcance territorial de esta jurisdicción se extiende a Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Este mandato está en curso e incluye la escalada de hostilidades y violencia desde el 7 de octubre de 2023. Mi Oficina también tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos por nacionales de Estados Partes y por nacionales de Estados no Partes en el territorio de un Estado Parte.