Alrededor de 200 personas han sido detenidas durante los últimos días de disturbios en Nueva Caledonia, donde miles de personas han salido a la calle para protestar contra la reforma constitucional que ampliaría el censo electoral en el territorio y permitiría votar a ciudadanos franceses.
El Alto Comisionado de Nueva Caledonia ha indicado que por el momento han muerto cuatro personas –un agente de Policía y tres civiles–, mientras que al menos 64 gendarmes han resultado heridos mientras trataban de sofocar las fuertes revueltas, que han llevado ya al Gobierno francés a anunciar el despliegue del Ejército.
Asimismo, las autoridades han especificado que los tres civiles muertos tienen edades comprendidas entre los 17 y 36 años. No obstante, el alto comisionado, Louis Le Franc, ha señalado durante una rueda de prensa que la tercera noche de protestas ha sido “menos violenta que la anterior”. En este sentido, ha explicado que los agentes de Policía se han topado con unos 5.000 manifestantes que los han confrontado a las afueras de la capital.
El territorio francés se encuentra actualmente bajo el estado de emergencia anunciado por el presidente, Emmanuel Macron, y que ha entrado en vigor en la capital, Numea, a las 5.00 horas (hora local) de este jueves. En total, las autoridades han ordenado el despliegue de unos 1.800 miembros de las fuerzas de seguridad, si bien en las últimas horas se ha dispuesto un nuevo despliegue de otros 500 agentes adicionales en señal de refuerzo, especialmente en los puertos y el aeropuerto de la isla.
El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, ha asegurado que “el regreso al orden y la calma es un requisito indispensable para poder dialogar”. “Debe hacerse todo lo posible para lograr este objetivo”, ha señalado en un mensaje difundido a través de la red social X. “El envío de refuerzos (…) facilitará el reestablecimiento del orden y el suministro de productos esenciales a la isla”, ha sostenido.
El conflicto estalló el lunes tras el debate en el Parlamento francés de una reforma electoral que concede el voto a los ciudadanos franceses, una decisión que buena parte de los indígenas canacos, independentistas en particular, temen como un recorte a sus derechos.
El texto, aprobado finalmente y que Macron quiere ratificar el mes que viene, propone el derecho a voto para ciudadanos franceses que lleven al menos diez años residiendo en el territorio. Los canacos, y en especial la alianza independentista del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), han denunciado la propuesta como un varapalo a sus aspiraciones en un momento especialmente crítico de las relaciones con Francia, después de que la alianza boicoteara el último referéndum de independencia de 2021, que se saldó con victoria de los unionistas.