El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) abre la puerta a que los ciudadanos puedan exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los efectos adversos sufridos tras la vacuna del Covid-19.
La sentencia condena a la Administración (concretamente al Servicio Extremeño de Salud) a indemnizar con 40.000 euros más los intereses legales desde que interpuso la primera reclamación a una mujer que sufrió trombosis y quedó con “secuelas y padecimientos” tras la inoculación de la vacuna de Janssen.
El fallo, del que fue ponente el magistrado Mercenario Villalba Lava, rechaza el recurso de la Administración y ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres del pasado 4 de marzo.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura señala que los informes del Hospital Universitario de Cáceres vinculan de forma clara que la trombosis de la paciente fue producida por la vacuna contra el coronavirus Janssen y descarta que tenga relación con antecedentes familiares.
El juez considera que la Administración debe responder por el principio de solidaridad ya que actuó para salvaguardar los intereses públicos. Unos intereses que, según el fallo, en muchas ocasiones, producen daños colaterales y, por tanto, que han dado lugar a que se establezca una responsabilidad por riesgo de quien los pone en marcha.
En el presente caso no pensamos que se trate de una responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración ni por la aplicación de productos defectuosos”, matiza la sentencia.
“La Administración aconsejó de una manera un tanto forzada a la población […] a que llevase a cabo su vacunación, ciertamente que también en beneficio particular, pero sobre todo, a la vista de los efectos que producen en la colectividad”, añade la sentencia. De hecho, recuerda que el Servicio de Salud de Extremadura instó a los ciudadanos a través de Twitter a la vacunación.
El juez considera que la función que desempeñaba cada uno de los ciudadanos que se vacunaba, no solo les beneficiaba a ellos mismos sino también al resto de la sociedad. Por tanto, “si ahora no se atendiera a quienes se han visto singularmente perjudicados a consecuencia de esta actividad individual y de trascendencia colectiva se rompería el principio de igualdad en el levantamiento de las cargas o de los peligros que acechan a la sociedad de ahí que, realmente, exista un principio de solidaridad social, que sirve de fundamento de actuación y consecuente responsabilidad.
Responsabilidad de la CCAA
La sentencia carga sobre al Junta de Extremadura el pago de la indemnización y no sobre la Administración central, puesto que el documento del 2 de diciembre de 2020 sobre la Estrategia de Vacunación contra el Covid-19 estipuló que cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia de vacunación, “serán responsables de desarrollar cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo de la estrategia en sus respectivos territorios” de forma coordinada con el resto de las CCAA y el Ministerio de Sanidad.
El 85% de la población, vacunada
Desde que el 27 de diciembre de 2020 comenzara la campaña de vacunación contra el Covid, un total de 40,7 millones de personas se han vacunado en nuestro país, lo que supone el 85% de la población.
En total, se han administrado 105,8 millones de dosis, según refleja el Ministerio de Sanidad en su último informe de vacunación actualizado el pasado 12 de abril. El 92,8% de la población mayor de 12 años está vacunada, mientras que el 92,6% de los ciudadanos que superar esa edad cuentan con la dosis completa.