La vida política en Haití al parecer quiere enrumbarse de una buena vez, sin despegarse de esa lentitud que caracteriza esta tierra del Caribe, donde a veces son obviados muchos actores pero nunca la presencia de Estados Unidos.
El 23 de abril ocurrió el aterrizaje de dos naves C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture. Pero es que desde el 4 de marzo ese aeródromo estaba cerrado por la crisis de inseguridad provocada por las bandas criminales, y Haití estaba desconectado del mundo por esa vía.
Nadie entraba ni salía de Puerto Príncipe, solo ellos, los mismos que ocuparon Haití el 28 de julio de 1915 bajo la autoridad del entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, con el pretexto de salvaguardar los intereses de las empresas del país norteño, que supuestamente abandonó esta porción de La Española en agosto de 1934.
Pasado los años, llegamos al 2024, justamente en el mes de febrero, cuando los opositores pedían a gritos y con barricadas incendiadas la dimisión del primer ministro, Ariel Henry, pero nunca sucedió, ahí estaba una vez más la mano de Washington.
En ese contexto, la Casa Blanca renovó su apoyo en la figura de Eric Stromayer, encargado de negocios de Estados Unidos en Haití.
Stromayer invitó a los actores políticos a dialogar con el jefe de Gobierno, repitiendo que “Ariel Henry se irá después de las elecciones”, única manera posible de poner fin a esta transición, que dura demasiado tiempo.
El 21 de diciembre de 2022 fue firmado un acuerdo en el que se subrayó que Henry permanecería 14 meses en su cargo, el cual entregaría el 7 de febrero del año en curso. Este debía formar un nuevo gobierno, establecer un Consejo Electoral Provisional y asumir la organización de las próximas elecciones.
Ante su silencio sobre el asunto y la ausencia de una actitud que complaciera a los detractores, los opositores comenzaron a promover protestas, pero ahí estaba el espaldarazo.
Ese supuesto aliado de Henry fue el mismo que se negó a escoltarlo a Haití cuando salió desde Estados Unidos, donde hizo escala tras cumplimentar un viaje a Kenya.
El entonces primer ministro firmó con Nairobi un acuerdo para que efectivos de esa nación africana lideraran una fuerza multinacional a fin de apoyar a la Policía Nacional de Haití en la erradicación de la coalición de pandillas denominada Vivamos Juntos.
Henry ahí no estuvo apuntalado, incluso la Casa Blanca no presionó a República Dominicana para que aterrizara en su territorio, pues en el aeropuerto de Puerto Príncipe las bandas criminales lo esperaban para cazarlo, por lo que terminó radicando temporalmente en Puerto Rico.
Con Henry fuera de Haití la nación estaba acéfala y se hacía más necesario establecer un gobierno provisional, encargado de poner orden en la vida política, y Washington vuelve a inmiscuirse en las cuestiones de internas del país.
El Departamento de Estado presionó para que el neurocirujano de carrera renunciara y finalmente fuera conformado el Consejo Presidencial de Transición, patrocinado por la Comunidad del Caribe.
Estados Unidos estuvo todo el tiempo pendiente del proceso político haitiano e incidió con su insistencia en que el órgano político mencionado quedara oficializado, después de dilaciones provocadas por inconformidades entre los representantes de los partidos.
Pero Washington estaba dispuesto ir mucho más allá, como en el pasado; ante el caos político, económico y social que vive Haití, la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Laura Richardson, no descartó el envío de tropas a este país antillano.
En ese contexto, el sitio Vant Bef Info publicó un informe en que Estados Unidos figura entre los culpables del tráfico de drogas y armas en Haití, elementos que refuerzan hoy el incremento de la violencia en el país caribeño.
“Una parte sustancial del tráfico ilícito procede de Estados Unidos. Los puertos marítimos, los aeropuertos y los puntos fronterizos poco vigilados se utilizan como vías de entrada de estos productos”, subrayó el diario digital haitiano.
Las armas son adquiridas principalmente por miembros de las bandas haitianas y residentes particulares a través de intermediarios.
Los funcionarios de aduanas haitianos incautan periódicamente armas de fuego ocultas con productos alimenticios.
En las revueltas antigubernamentales escenificadas del 5 al 9 de febrero, la Dirección de la Policía Nacional de Haití informó que fueron incautadas 10 armas y 90 mil 975 cartuchos, de ellos, 39 mil 222 eran de calibre 7,62 milímetros.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró la solicitud a los Estados miembros de que tomen las medidas apropiadas con la finalidad de prevenir el tráfico y desvío ilícito de armas pequeñas, ligeras y municiones en Haití.
La petición está en correspondencia con la resolución del organismo emitida en 2022 y vigente hasta octubre de 2024.
En ese sentido, la ONU hizo un llamado a todos los Estados, en particular a los países en la región, a inspeccionar de conformidad con el derecho internacional, todas las cargas hacia Haití y su territorio, incluyendo los puertos marítimos y aeropuertos.
Sobre la situación que vive Haití, el director de operaciones de Digicel Group, Maarten Boute, responsabilizó a Estados Unidos del caos que reina hoy en la nación.
“Estados Unidos debe reconocer su papel en la actual crisis en Haití”, denunció Boute.
Las pandillas involucradas en el tráfico de drogas para el consumo en Estados Unidos, y el de las armas originarias de ese país prosperaron aquí debido a la desastrosa política exterior de Washington.
Recientemente, directivos de la Policía Nacional viajaron a Estados Unidos y tras la firma de un convenio, ahora Haití es miembro del programa Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales.
Esta nueva unidad especializada permitirá perseguir las actividades de las bandas criminales y otros delitos a escala internacional, y responder a las necesidades urgentes de la nación antillana en materia de seguridad.
Asimismo, facilitará el intercambio de información entre Haití y Estados Unidos para capturar a los grupos dados a estas prácticas fuera de las leyes. También trabajarán conjuntamente para reunir pruebas que permitan identificar y avanzar en los casos contra las organizaciones, redes y agrupaciones vinculadas con el terrorismo.