El Ministerio del Interior del Reino Unido no ha podido establecer contacto ni paradero de más de 3.500 solicitantes de asilo de entre más de 5.700 inmigrantes sujetos a expulsión en virtud del proyecto de ley de deportación de Ruanda, informó el periódico The Times citando un documento del Ministerio del Interior.
El domingo, The Guardian informó que el Ministerio del Interior del Reino Unido iniciaría la detención masiva de inmigrantes en todo el Reino Unido el 29 de abril, semanas antes de lo previsto, para su posterior deportación a Ruanda.
Sólo 2.145 inmigrantes “continúan presentándose en el Ministerio del Interior y pueden ser localizados para ser detenidos”, se lee en el documento citado por el periódico.
Los 3.557 solicitantes de asilo restantes no necesariamente se esconden de las autoridades, pero no están sujetos a restricciones de presentación de informes, y el Ministerio del Interior ahora no puede localizarlos para detenerlos, según el informe.
A principios de esta semana, el parlamento del Reino Unido aprobó el proyecto de ley de deportación de Ruanda. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dijo que los primeros vuelos de deportación del Reino Unido a Ruanda podrían comenzar en 10 a 12 semanas. Añadió que habría varios vuelos por mes durante el verano y más allá.
Ruanda y el Reino Unido firmaron un acuerdo migratorio en 2022, según el cual las personas identificadas por el gobierno del Reino Unido como inmigrantes indocumentados o solicitantes de asilo serán deportadas a Ruanda para su procesamiento, asilo y reasentamiento. El plan ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, así como de numerosos políticos y funcionarios del Reino Unido.
El primer vuelo de deportación debía realizarse en junio de 2022, pero nunca se produjo debido a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo declaró ilegal. El gobierno del Reino Unido tuvo que redactar un nuevo acuerdo el año pasado después de que la Corte Suprema del Reino Unido determinara que el plan inicial no garantizaba la seguridad de los solicitantes de asilo.