El ente tomó nota de los hallazgos de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, durante su visita al país en 2021.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el levantamiento de las sanciones impuestas ilegalmente contra Venezuela, que han afectado a la población
En su informe anual, difundido el jueves, el ente explicó que tomó nota de los hallazgos de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, durante su visita al país en 2021, sobre las medidas coercitivas unilatelares.
“Quien, tras visitar al país señaló que las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”, refiere el documento.
Ante esto, en el informe la CIDH “reitera su llamado a que sean levantadas”. Sin embargo, el ente todavía tiene una posición hostil derivada de informaciones provenientes de sectores y organizaciones expresamente opositoras al Gobierno venezolano.
En diversas oportunidades y ante varias instancias internacionales, las autoridades venezolanas han denunciado el impacto de las medidas coercitivas unilaterales e ilegas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).
El pasado martes, mediante su cuenta en la red social X, el canciller venezolano Yván Gil presentó la “cronología del asedio contra Venezuela”, recordando que “en marzo de 2015, la orden ejecutiva 13692 (Decreto Obama) sienta las bases para las medidas unilaterales coercitivas contra la economía venezolana impuestas en los siguientes años”.
“Durante el mes de agosto de 2017, el Gobierno de Donald Trump impone sanciones contra Pdvsa (estatal petrolera), incluyendo el bloqueo de transacciones en los mercados financieros internacionales y la prohibición de emitir o renegociar nueva deuda (…) A inicios del año 2019, el Departamento de Estado establece un bloqueo total del sector petrolero venezolano prohibiendo a empresas estadounidenses operaciones en el país. Congela activos venezolanos, entre ellos CITGO, la subsidiaria de PDVSA en Houston, Texas”, refirió.
A esto se suma que, durante febrero y marzo de 2020, el Gobierno de EE.UU. amenazó a empresas internacionales de gas y petróleo con sanciones secundarias (extraterritoriales) si “continúan comercializando con Venezuela”, remoró el diplomático, y añadió que sectores de oposición también se sumaban al pedido de sanciones.
El Gobierno venezolano ha denunciado las más de 920 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano. Además, en enero pasado, el mandatario Nicolás Maduro precisó que las pérdidas totales para la economía nacional (sector público y privado) por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2015 y 2022, fue de 642.000 millones de dólares.
Venezuela no forma parte de este ente desde 2013, cuando se hizo efectiva formalmente la decisión de abandonar el organismo, tomada un año antes.