El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, medirá hoy en las urnas su aceptación con las 11 propuestas de consulta popular y referendo constitucional, un resultado que definirá el futuro de su gestión y del país.
La cita electoral ha sido calificada por movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles como innecesaria y engañosa, mientras para el Gobierno y sus seguidores es la solución a los problemas de seguridad del país.
Cinco meses después de su llegada al Palacio de Carondelet, Noboa materializará una de sus promesas de campaña, que era justamente someter a consulta popular algunos temas de su interés, entre ellos el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.
Una de las interrogantes busca permitir el apoyo complementario de los militares a la policía sin la necesidad de decretar estados de excepción, aunque ya la Corte Constitucional dijo que con la actual declaratoria de conflicto armado interno no era imprescindible lo anterior.
Además, especialistas en temas de seguridad y la vida cotidiana afirman que la militarización no es la solución a la violencia y se multiplican las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos contra poblaciones empobrecidas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que «el uso habitual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna podría llevar a una militarización de la sociedad, lo cual puede tener implicaciones negativas en términos de derechos humanos y libertades civiles».
Otras de las preguntas buscan endurecimiento de penas para ciertos tipos de delitos, reformar leyes sobre control de armas y municiones, permitir la extradición y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
La mayoría de esos cuestionamientos, de ser aprobados, deberán pasar a la Asamblea Nacional (Parlamento) para elaborar las normativas correspondientes antes de entrar en vigor, por lo cual muchos califican de innecesaria la consulta, que pudo tratarse en el legislativo sin gastar 60 millones de dólares.
Más allá de los temas relativos a la seguridad, Noboa quiere reformar el Código de Trabajo para legalizar los contratos a plazo fijo y por horas, sin embargo, desde la oposición plantean críticas al respecto. “Va a traer más pobreza, contracción de la economía y precarización laboral”, afirmó la excandidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana.
Los ecuatorianos también tendrán que pronunciarse sobre el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
Según el Gobierno, esta disposición pretende proteger a los inversionistas extranjeros mediante instrumentos internacionales.
El abogado constitucionalista Ramiro Ávila cree que esa reforma es parte de una agenda que debilita a los Estados, fortalece a los agentes privados y protege los intereses corporativos.
Ávila puso el ejemplo del caso Chevron-Texaco, sobre el cual Ecuador falló a favor de las comunidades que sufrieron los impactos permanentes de la contaminación ambiental por la explotación petrolera, y el arbitraje internacional fue a favor de la empresa contaminante.
En estos momentos la popularidad del mandatario fluctúa en sintonía con sus decisiones frente a las problemáticas que va presentando el país, como la actual crisis energética o de seguridad.
Encuestas divulgadas en la prensa nacional señalan que al inicio de su gestión el jefe de Estado llegó a superar el 80 por ciento de aceptación, pero en la recta final de la consulta bajó al 57 por ciento, según datos de Imasen.
Por tanto, la votación de este domingo servirá para saber si los ecuatorianos lo apoyan y también si respaldan sus decisiones frente a los problemas recurrentes como la inseguridad, el desempleo y los apagones.
El asalto a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, pese al contundente rechazo internacional, al interior del país tuvo cierto respaldo de sus seguidores y del sector más anticorreísta, aunque sin dudas influyó en una percepción negativa de su forma de actuar, que analistas calificaron como autoritaria.
En ese contexto, la consulta popular constituye un paso hacia la reelección de Noboa en 2025, en línea con una mayor militarización de la sociedad y una mayor neoliberalización de la economía, afirmó el economista Alberto Acosta Espinosa.