El Ministerio de Economía y Finanzas de Francia proyectó hoy un déficit público del 5,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) este año, lejos del 4,4 reflejado en el presupuesto, cifra que atiza la polémica.
La nueva proyección implica recortes adicionales en los gastos del Estado para poder alcanzar el objetivo de bajar el déficit de un tres por ciento para el 2027 (2,9).
En 2023, la diferencia entre los ingresos y los gastos subió a un 5,5 por ciento, hasta rondar los 154 mil millones de euros, 18 mil millones más de la prevista, a partir de la desaceleración de los ingresos.
Ya el gobierno había anticipado su propósito de implementar un plan de ahorros por 10 mil millones de euros, tras disminuir la previsión del crecimiento del PIB de Francia de 1,4 a uno por ciento en 2024.
La alegada necesidad de encontrar nuevos recortes para atenuar el déficit genera preocupación y devuelve a la palestra los reclamos desde la izquierda de fijar impuestos a las fortunas y la amenaza de la presentación de una moción de censura en la Asamblea Nacional, esta vez esgrimida desde la derecha conservadora.
El secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, acusó al presidente Emmanuel Macron y al ministro de Economía Bruno Le Maire de incompetencia en el manejo de las finanzas públicas.
Al respecto, afirmó que no pueden ser los franceses quienes paguen por la mala gestión en siete años de gobierno.
Por su parte, el secretario del partido conservador Los Republicanos, Éric Ciotti, declaró que su partido tiene líneas rojas que, si el ejecutivo pasa en su afán de recuperar dinero, entregará una moción de censura.
Esos límites serían en ámbitos como los impuestos, la jubilación y la salud.
El oficialismo enfrentaría graves problemas si dicha moción es presentada, ya que toda la oposición pudiera sumarse a la misma, en un escenario en el que la fuerza política gobernante y sus aliados carecen de la mayoría absoluta en la Asamblea, reviviendo el fantasma de la disolución de la cámara baja.
Sobre la mesa está una nueva reforma promovida por el primer ministro Gabriel Attal, que generaría ahorros a costa de reducir los beneficios para los desempleados, en medio de críticas de los sindicatos y de la izquierda.