Millones de ruandeses conmemoran este domingo el 30 aniversario del genocidio de 1994: cien días de exterminio de unas 800.000 personas, la inmensa mayoría de ellas tutsis y hutus moderados a manos de extremistas hutu, y entre 150.000 y 250.000 mujeres fueron violadas en medio de un clima de pasividad internacional.
Un devastador informe de la ONG Human Rights Watch publicado en 1999 extendía parte de responsabilidad de las masacres tanto al personal de la ONU, como a los tres gobiernos extranjeros principalmente involucrados en Ruanda.
A los primeros, “por no haber proporcionado información y orientación adecuadas a los miembros del Consejo de Seguridad”; a Bélgica, por haber “retirado sus tropas precipitadamente y por haber defendido la retirada total de la fuerza de la ONU”; a Estados Unidos “por haber antepuesto el ahorro de dinero a salvar vidas y por frenar el envío de una fuerza de socorro”; y a Francia, “por haber continuado apoyando a un gobierno involucrado en genocidio”.
.Todos ellos, señaló en su momento Alison Des Forges, asesora principal durante dos décadas de la ONG para el continente africano, fueron cómplices de las matanzas que estallaron tan solo horas después de que el presidente del país, Juvenal Habyarimana, y su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamina, murieran tras ser derribado en Kigali el avión en que viajaban el 6 de abril de 1994.
Masacres, recuerdan las ONG y expertos internacionales, precedidas de décadas de deterioro en la relación entre hutus y tutsis, marcadas por las transformaciones colonialistas después de la Primera Guerra Mundial, fundamentadas en parte en el golpe de Estado del general Habyarimana el 5 de julio de 1973 y cebadas veinte años después por la campaña de odio hacia los tutsis abanderada por la Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, principal altavoz de la propaganda hutu.
Según contó también el que fuera jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ruanda cuando se produjo el genocidio, Philippe Gaillard, “circulaban todo tipo de rumores, también en los círculos diplomáticos, de que algo grave iba a ocurrir”.
Desde entonces, un número significativo de personas responsables del genocidio, incluidos ex responsables gubernamentales de alto nivel y otras figuras clave detrás de las masacres, han sido llevados ante la justicia, y más de una docena de procesamientos de sospechosos de genocidio se están llevando a cabo en tribunales nacionales de toda Europa bajo el principio de jurisdicción universal.
Sin embargo, en los últimos años, varios presuntos autores intelectuales del genocidio de alto nivel han muerto o, en el caso de un presunto planificador, han sido declarados no aptos para ser juzgados. Es el caso de Felicien Kabuga, considerado como el “mecenas” del genocidio, acusado de haber financiado mediante su gran fortuna las masacres de las Interahamwe, las milicias hutus y propietario de la Radio de las Mil Colinas.
El año pasado, los jueces del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales decidieron suspender de manera indefinida su juicio por genocidio y crímenes de guerra debido a su estado de salud, para absoluto estupor de las familias. “Este fallo nos sigue sorprendiendo y muestra falta de justicia, que por sí sola dolorosa. Los jueces no se han tomado en serio el tema de la justicia”, lamentó Philibert Gakwenzire, miembro de la asociación Ibuka, encargada de velar y conectar los diferentes grupos de ayuda de víctimas del genocidio de Ruanda.