Con el hundimiento de la reforma a la salud en el Senado de Colombia por nueve legisladores opositores al Gobierno de Gustavo Petro perdieron terreno también las aspiraciones de cambiar el sistema sanitario en el país.
Después de un año de discusiones en el Congreso, la pérdida del proyecto de ley suscitó la indignación de quienes defendían la propuesta, cuyo eje central planteaba la creación de una red de centros de atención primaria para brindar servicios integrales y a tiempo a la población, con énfasis en las zonas rurales y marginadas, y un enfoque preventivo.
El sinsabor que dejara la malograda reforma, una de las apuestas más grandes del actual gabinete, hizo más agudo un malestar que ya se venía gestando debido a la develación de una serie de irregularidades asociadas a los manejos financieros de las compañías aseguradoras y proveedoras de servicios de salud en Colombia, o sea, las EPS.
Aunque el escándalo que rodea el funcionamiento de estas compañías no parece tener fin en estos días, la polémica en torno a ellas ya son cosa habitual entre la opinión pública.
Durante febrero pasado, un informe de la Contraloría General divulgó que 26 EPS adeudan 25 billones de pesos (unos seis mil 385 millones de dólares al cambio actual) a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías, mientras que 16 no cumplen con algunos indicadores establecidos por la ley.
Más recientemente, Carolina Corcho, miembro de la Comisión de Seguimiento de los Recursos de la Salud en el país, informó que cuatro de estas entidades presentan una presunta pérdida total de 11,8 billones de pesos, poco más de tres mil millones de dólares al cambio actual.
Las denuncias de irregularidades dieron paso entonces a sendos anuncios por parte del Gobierno en los que informó acerca de la intervención de la EPS Sanitas y Nueva EPS.
La primera de ellas exhibía, al cierre de 2023, aproximadamente dos billones de pesos en deudas (unos 520 millones de dólares al cambio actual); mientras que Nueva EPS también ostentaba un inadecuado cumplimiento de sus funciones y crecientes obligaciones financieras sin honrar.
Al respecto, el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, explicó que “ninguna de las dos-que suman más de 15 millones de colombianos afiliados- cumple con los requisitos habilitados financieros para poder ejercer sus funciones, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas”.
Pese a la crisis del sistema mediante el cual los colombianos acceden a la atención médica y a los fármacos, el Ministerio de Salud aseguró que se tomarían las medidas pertinentes para que los ciudadanos no resultaran privados de atención.
Sin embargo, de entre todas las denuncias que rodean a las EPS, la más llamativa fue aquella realizada por el senador por el Pacto Histórico Wilson Arias.
El congresista presentó una reclamación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que acusó a cinco partidos políticos de recibir financiamiento durante el año 2022 por parte de empresas extranjeras y conglomerados económicos propietarios de EPS.
Apuntó directamente al Centro Democrático, la Alianza Social Independiente (ASI), el Partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador como los receptores de estos fondos. Según explicó, el Centro Democrático recibió 35 millones (cerca de 10 mil dólares al cambio actual) de la empresa extranjera Keralty, propietaria de la EPS Sanitas, y 302 millones (unos 85 mil dólares) del conglomerado económico Bolívar, dueño de la EPS Salud Bolívar.
Añadió que el Partido de la U, al que pertenece Norma Hurtado, quien tuvo un papel destacado en la ponencia de archivo contra la reforma a la salud, habría recibido 19 millones (aproximadamente cinco mil dólares) de la empresa Organización Sanitas Internacional y 68 millones (unos 18 mil dólares) del Grupo Bolívar.
No por gusto cuando se refirió al hundimiento de la propuesta, el presidente del país aseguró que en la Comisión Séptima del Senado la derrota la proporcionó la empresa Keralty.
“No nos derrotaron unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley”, afirmó.
Sentenció que tal cosa es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional.