Myanmar acumula hoy cifras alarmantes de inseguridad, escasez de agua y falta de alimentos que elevan los llamados desde la ONU a respetar los derechos humanos y la vida de los civiles.
De acuerdo con estimaciones del organismo, 18,6 millones de personas en la nación asiática necesitarán asistencia sanitaria de emergencia en 2024, lo que equivale a un aumento 19 veces mayor que en febrero de 2021.
A la par, 9,7 millones de mujeres y niñas necesitan apoyo vital mientras que las interrupciones de la educación han afectado a 12 millones de estudiantes en los últimos tres años.
En 2023, el país experimentó un asombroso aumento del 270 por ciento en muertes y lesiones por minas terrestres y restos explosivos de guerra en comparación con 2022, con más de mil víctimas reportadas en todo el país.
La población permanece expuesta a continuos combates entre el ejército de Myanmar y el ejército de Arakan, con bombardeos aéreos intensos, incluso en zonas residenciales.
Muchas personas se enfrentan a la escasez de agua a medida que se acercan las semanas más secas del año, aseguró el jueves el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una actualización sobre el contexto en la nación.
La inseguridad alimentaria también es una preocupación importante debido al incremento vertiginoso de los precios y a los suministros de mercado extremadamente limitados en muchos lugares.
La ONU estima que la continua escalada del conflicto desde 2021 alcanza los más altos niveles de violencia, con un fuerte impacto en el país y la región.
A juicio de Lisa Doughten, directora de la División de Financiamiento y Asociaciones, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2,8 millones de personas fueron desplazadas, el 90 por ciento de ellas desde la toma del poder militar.
El hambre se expande en todo el país y existe el riesgo de desnutrición entre los niños y las mujeres embarazadas, aseguró la representante la víspera durante un encuentro del Consejo de Seguridad.
Por su parte, el subsecretario General para Oriente Medio, Asia y el Pacífico, Departamentos de Asuntos Políticos, Khaled Khiari, consideró vital el fin de la campaña militar de violencia y represión política en esa nación asiática.
Cualquier solución a la crisis actual en Myanmar requiere condiciones que permitan ejercer los derechos humanos libre y pacíficamente de la población, dijo.
El alto funcionario insistió en la preocupación desde la ONU por la intención de los militares de seguir adelante con las elecciones.
La nación, advirtió, se convirtió en un epicentro mundial de la producción de metanfetamina y opio, junto con una rápida expansión de las operaciones globales de estafa cibernética, particularmente en las zonas fronterizas.
«Lo que comenzó como una amenaza de delincuencia regional en el sudeste asiático es ahora una crisis desenfrenada de tráfico de personas y comercio ilícito con implicaciones globales», apuntó.