Los peticionarios exigieron la anulación de la Ley Antihomosexualidad, que sometió a la nación de África Oriental a sanciones occidentales.
El Tribunal Constitucional de Uganda ha rechazado una apelación para anular una ley anti-LGBTQ que impone la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, que incluye actos sexuales entre personas del mismo sexo con menores, personas discapacitadas o ancianos, así como el sexo gay que transmite enfermedades terminales. enfermedades como el VIH/SIDA.
El fallo del miércoles se produce a pesar de la condena generalizada de la Ley Anti-Homosexualidad, que fue aprobada en mayo pasado, lo que llevó a Estados Unidos a imponer restricciones de visa a los patrocinadores de la ley y al Banco Mundial para detener nuevos fondos para la nación de África Oriental.
Los peticionarios contra la ley, que también prescribe cadena perpetua para las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y una pena de prisión de hasta 20 años para promover actividades homosexuales, la han calificado como una de las más duras del mundo. Un grupo de 14 denunciantes, entre ellos el legislador Fox Odoi-Oywelowo y Frank Mugisha, uno de los activistas LGBTQ más destacados de Uganda, solicitaron a los jueces que anularan la ley, alegando que violaba sus derechos constitucionales.
“Nos negamos a anular la Ley contra la Homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni concederemos una orden judicial permanente contra su aplicación”, concluyó el juez Richard Buteera, vicepresidente del Tribunal Supremo de Uganda y presidente del tribunal.
Sin embargo, el jurado anuló ciertas secciones de la ley que consideró “inconsistentes con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”, dictaminando que los miembros de la comunidad gay no deberían enfrentar discriminación cuando buscan atención médica. El tribunal también determinó que las disposiciones de la legislación que exigen a los ciudadanos denunciar a las personas sospechosas de participar en conductas homosexuales violaban los derechos individuales.
En una declaración del miércoles, la Sociedad Internacional del SIDA dijo que está “profundamente preocupada” por el fallo. Afirmó que el número de clientes en Uganda que visitan centros de acogida que brindan servicios de prevención y tratamiento del VIH a personas, incluidos “hombres que tienen sexo con hombres”, se ha reducido de un promedio de 40 por semana a dos debido a la ley.
Edward Ssemambo, un abogado de derechos humanos que representa a los peticionarios, dijo a Reuters que el gobierno ahora tendrá que eliminar las partes de la ley que los jueces consideraron inadecuadas.
Otro denunciante, Andrew Mwenda, dijo que se presentará una apelación ante la Corte Suprema “no para derogar los diferentes componentes de esta ley sino para revocarla en su totalidad”.