La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina realizará hoy una jornada nacional de protesta contra el posible cierre de organismos y el despido de miles de personas en la administración pública.
Tras una reunión de su consejo directivo, ATE comunicó la decisión de llevar a cabo movilizaciones y acciones de denuncia en esta capital y otras ciudades pues los contratos laborales de 70 mil personas vencen a finales de este mes y el Gobierno de Javier Milei expresó sus intenciones de no renovarlos.
Una de las manifestaciones tendrá lugar frente al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, cuya clausura fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada.
“Los despidos son inminentes. Si no reaccionamos y profundizamos nuestro plan de lucha, en las próximas horas estaremos frente a un escenario de cesantías masivas. El Gobierno intenta destrozar el Estado y tenemos que resistir”, aseveró el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
“Hasta ahora, todas las medidas del Ejecutivo están orientadas a erradicar derechos, destruir empleos y demoler los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares”, añadió.
Asimismo, instó a todas las centrales obreras a organizar un nuevo paro general, similar al realizado el 24 de enero.
“No estamos defendiendo privilegios, sino políticas públicas. Queremos un Estado al servicio del pueblo y no de los intereses de las grandes corporaciones como pretende Milei”, afirmó.
Por su parte, la secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, denunció un ataque sufrido recientemente por una militante de la agrupación Hijos, integrada por familiares de las víctimas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y personas que exigen juicio y castigo para los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Sabemos que nos quieren con miedo, pero no nos van a paralizar, aseguró.
Los miembros del sindicato demandan, además, un aumento salarial para hacer frente a la elevada inflación, la reincorporación de trabajadores despedidos, la continuidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el incremento de jubilaciones y pensiones y el cese del plan de cierre y privatización de empresas públicas.