La huelga general de los trabajadores de la función pública de Angola llegó hoy a su tercer y último día de esta primera etapa, marcada por algunas detenciones y amenazas, según las centrales sindicales.
Los dos primeros días de paro fueron registradas reprimendas por parte de la Policía Nacional en algunos puntos del país, mientras que las intimidaciones se extendieron a los delegados provinciales de Justicia, dijo a Rádio Correio da Kianda el portavoz de las organizaciones obreras, Teixeira Cândido.
La fuente igualmente señaló que todavía el Ejecutivo no ha convocado a las centrales sindicales para retomar las negociaciones.
La víspera el Colegio de Abogados de Angola (OAA) expresó indignación por la detención de algunos huelguistas en las provincias de Bengo y Huambo, y exigió su liberación inmediata.
Los juristas recordaron que el derecho de huelga está consagrado en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución de la República y en la legislación angoleña, por lo que pidieron al comandante general de la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General que intervengan por los ciudadanos.
“No existe ninguna disposición en la Constitución que legitime la detención de ciudadanos, criminalice a sindicalistas o huelguistas, en el ejercicio pacífico, legal y legítimo de un derecho fundamental”, advirtieron.
Cándido aseguró a Rádio Correio da Kianda que un equipo de abogados trabaja en la defensa de los sindicalistas detenidos en Huambo.
Este jueves la Asamblea Nacional recusó una petición del grupo parlamentario del partido Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), que propuso un punto de debate sobre el paro nacional, causas y consecuencias.
El voto de rechazo se explicó bajo el criterio de no entorpecer las negociaciones en curso.
La Unión Nacional de Trabajadores Angoleños –Confederación Sindical, la Central General de Sindicatos Libres e Independientes de Angola y la Fuerza Sindical demandan, entre otros asuntos, un aumento salarial en la función pública del 250 por ciento, que accedieron a disminuir al 100 por ciento.
También el incremento del salario mínimo nacional a 245 mil kwanzas, que retrocedieron a 100 mil kwanzas (alrededor de 120 dólares), además de la disminución de la tasa del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.
El Gobierno insiste por su parte en que la economía nacional no está en condiciones de sostener un incremento del salario mínimo de esa magnitud, que sería de obligatorio cumplimiento por todos los empleadores.
Las negociaciones se han dirigido hacia una fragmentación del incremento salarial por sectores de la economía y categorías empresariales (grandes, pequeñas y medianas); mientras que se maneja una propuesta de fraccionar hasta 2027 el aumento salarial, a razón de un 25 por ciento anual.