El gobierno de la República Democrática del Congo dice que la medida ayudará a la nación devastada por la guerra a lidiar con décadas de terrorismo.
La República Democrática del Congo ha levantado una moratoria sobre la pena de muerte que había estado vigente durante más de dos décadas, en respuesta a los recurrentes conflictos armados y ataques militantes.
La decisión, anunciada el viernes por el Ministerio de Justicia de la nación centroafricana, decía que la pausa en la pena capital desde 2003 había garantizado la impunidad de los infractores.
La parte oriental de la República Democrática del Congo ha estado plagada de décadas de conflicto, vinculado a docenas de grupos armados, incluido el M23, cuyos ataques mortales en las últimas semanas han desplazado a miles de personas. Según los informes, el grupo liderado por tutsis ha sitiado varias comunidades en la conflictiva región, controlando aproximadamente la mitad de la provincia de Kivu del Norte. Las autoridades congoleñas, un grupo de expertos de la ONU y gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, han acusado a Ruanda de armar a los insurgentes del M23 para luchar en la República Democrática del Congo, una afirmación que el país del este de África ha negado sistemáticamente .
En la República Democrática del Congo se suele imponer la pena de muerte, pero ningún delincuente ha sido ejecutado en más de 20 años y sus sentencias suelen conmutarse por cadena perpetua. En octubre pasado, un tribunal militar de la antigua colonia belga condenó a muerte a Edouard Mwangachuchu, miembro de la Asamblea Nacional, por cargos que incluían traición y participación con el movimiento rebelde M23.
Al anunciar el restablecimiento de la pena de muerte la semana pasada, la ministra de Justicia congoleña, Rose Mutombo, dijo que las hostilidades internas “a menudo son orquestadas por Estados extranjeros, que a veces se benefician de la complicidad de algunos de nuestros compatriotas”.
La reanudación de las ejecuciones permitirá a las autoridades librar “al ejército de traidores del país, por un lado, y frenar el resurgimiento de actos de terrorismo y bandidaje urbano”, escribió el ministro.
Se impondrá la pena capital a personas acusadas de espionaje, participación en grupos prohibidos o movimientos insurgentes, traición o genocidio, entre otros delitos, según el comunicado.
La decisión ha provocado una condena generalizada, y el movimiento local de derechos humanos Lucha la calificó de “inconstitucional” y afirmó que “abre un corredor a ejecuciones sumarias” en un país con un sistema de justicia “defectuoso” .
Tigere Chagutah, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional, dijo que restablecer las ejecuciones en la República Democrática del Congo es una “grave injusticia” para los condenados a muerte y muestra un “cruel desprecio” por el derecho a la vida.