Los países de la Unión Europea firmaron un acuerdo sobre las nuevas normas de la cadena de suministro de la Unión Europea el 15 de marzo. Esta ley –la Directiva de Diligencia Debida Corporativa (CSDDD)– tiene como objetivo hacer que las empresas rindan cuentas por el daño que causan a las personas y al planeta.
En respuesta, Marc-Olivier Herman, responsable de Justicia Económica de Oxfam UE, dijo: “La buena noticia es que Business Europe y sus aliados no lograron frustrar una legislación histórica. La mala noticia es que los países de la UE lo hicieron de nuevo: recortaron las reglas para apaciguar a las grandes empresas, asestando un golpe a la autoproclamada posición de Europa como defensora de la democracia y los derechos humanos.
“Mientras hablamos, empresas irresponsables están quemando el futuro del planeta y lucrando con violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los países de la UE optaron por retrasar la entrada en vigor de las normas para la mayoría de las empresas hasta el final de la década. Es más, han añadido miles de empresas más a la ya larga lista de aquellas que escapan a la responsabilidad.
“Por más terrible que sea, no podemos perder esta oportunidad de detener el abuso corporativo. Todas las miradas se dirigen ahora a los parlamentarios de la UE. No pueden mantener esta ley como rehén y deben aprobarla lo antes posible. Retrasarlo más sólo invita a más sabotaje”.
Oxfam afirma que las propuestas acordadas en diciembre se han debilitado de varias maneras, entre ellas:
Una reducción drástica del número de empresas que tendrán que cumplir. Sólo estarán cubiertas las empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual, frente a los 500 empleados y 150 millones de euros acordados anteriormente. Esto significa que menos de 5.500 empresas europeas tendrán que cumplir la ley, frente a las 17.000 estimadas según el acuerdo de diciembre.
Si la ley entra en vigor a finales de 2024, la mayoría de las empresas (más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación) sólo tendrán que cumplir las normas a partir de 2029
Las empresas tienen menos obligaciones de comprobar su impacto en los derechos humanos y el planeta, ya que no necesitan monitorear el impacto de sus negocios downstream (clientes) en relación con la eliminación de sus productos, incluido el desmantelamiento, el reciclaje, el compostaje y el vertido.
Las empresas ya no necesitan alentar a sus directores a seguir adelante con los planes de transición climática con recompensas financieras.
Los gobiernos pueden limitar el papel de los sindicatos y las ONG a la hora de apoyar a los supervivientes de abusos empresariales para que busquen justicia.
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo debería votar para ratificar el acuerdo en las próximas semanas.
El pleno del parlamento debería dar su aprobación final mediante una votación plenaria en abril. Los países de la UE aprobarán oficialmente la legislación a finales de este año. Tendrán que traducirlo a la legislación nacional e implementarlo antes de que pueda hacerse cumplir.