El acuerdo migratorio suscrito por Reino Unido y Ruanda, que tiene como medida estrella la deportación de solicitantes de asilo, ha sufrido este lunes varias amplias derrotas en la Cámara de los Lores, que ha votado cinco enmiendas que, si se promulgan, harían más difícil la aprobación de la norma.
La Cámara Alta ha respaldado varios cambios en el proyecto de ley que incluyen la garantía de que cumpla con el Estado de derecho y que el Parlamento –la Cámara Baja– no pueda declarar que Ruanda es segura hasta que el tratado se implemente plenamente. También han apoyado una medida que permite impugnar en los tribunales la presunción de que el país es un refugio seguro.
Estos reveses gubernamentales, que han sido aprobados por márgenes inusualmente amplios de alrededor de un centenar de votos, las mayores sufridas por Rishi Sunak como primer ministro, ha contado con el apoyo de las fuerzas de la oposición, varios ex ministros conservadores y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que ha afirmado que “el Gobierno está desafiando el derecho Internacional”.
Esta votación no arruina por completo el proyecto de ley, pero pone en marcha un proceso parlamentario conocido como ‘ping-pong’ por el cual el texto pasará por ambas cámaras hasta que se alcance un acuerdo. El primer ministro ya había advertido a la Cámara Alta de que no frustara la “voluntad del pueblo” al obstaculizar la aprobación de su proyecto de ley, que recibió el visto bueno de los parlamentarios.
Al proponer la enmienda que permite impugnar la presunción en los tribunales, David Anderson ha declarado que, “si Ruanda es segura como el Gobierno quiere que declaremos, no tiene nada que temer de tal escrutinio”. “Sin embargo, estamos invitados a adoptar una ficción, a envolverla en el manto de la soberanía parlamentaria y a concederle inmunidad permanente frente a cualquier desafío. A decir una mentira y llamarla verdad. ¿Por qué aceptaríamos eso?”, ha cuestionado.
La iniciativa data de la época de Boris Johnson en Downing Street, pero no se ha puesto en marcha tras una paralización ‘in extremis’ ordenada en junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y un rechazo ya en firme del Supremo británico a mediados de noviembre. El Gobierno conservador del primer ministro británico, Rishi Sunak, ha tratado de solventar los recelos legales firmando un nuevo tratado con Ruanda.
Hace dos semanas, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó de que el plan del Gobierno británico para deportar migrantes irregulares a Ruanda supone una violación de las “protecciones vitales de los Derechos Humanos” y es “contrario a los principios básicos del Estado de Derecho”.
Turk denunció que las medidas legislativas puestas en marcha por el Gobierno británico implican que Ruanda sea tratado como “país seguro” en términos de protección de los refugiados y solicitantes de asilo “independientemente de las pruebas que existan o puedan existir en un futuro”. Así, pidió que se “reconsidere la ley” e instó a tomar “todas las medidas necesarias para garantizar que se cumplen las obligaciones internacionales en materia legal”.