Varias partes de la reforma del código penal fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional el miércoles después de que la Comisión de la UE la criticara y advirtiera que Bratislava podría enfrentarse a una multa o a la suspensión total de los fondos europeos si sigue adelante.
La reforma, que suprime la Fiscalía Especial y reduce significativamente las penas y los plazos de prescripción para delitos graves, incluida la corrupción, debía entrar en vigor el 15 de marzo.
El miércoles por la tarde, Markíza y Denník N informaron que el Tribunal Constitucional de Eslovaquia había decidido aceptar la petición de la presidenta Zuzana Čaputová y de los partidos de la oposición de revisar la constitucionalidad de la reforma y suspender temporalmente su efecto hasta que se tome una decisión.
“Es una gran noticia que en Eslovaquia funcione la democracia y que aquí funcionen los controles y equilibrios en el poder judicial”, dijo Čaputová a Denník N el miércoles.
El tribunal decidió suspender las modificaciones, reduciendo las penas y el plazo de prescripción. Sin embargo, no detuvo el desmantelamiento de la Fiscalía Especial.
Si el tribunal dictamina que las partes impugnadas del reglamento son inconstitucionales, no podrán entrar en vigor y no podrán utilizarse como motivo para congelar fondos de la UE. Queda por ver si las partes suspendidas serán suficientes para que la Comisión inicie procedimientos de condicionalidad.
El Fiscal Europeo se mostró especialmente crítico con la supresión de la Fiscalía Especial, que entrará en vigor el 20 de marzo.
Desde diciembre de 2023, la Comisión y el gobierno eslovaco mantienen una intensa comunicación sobre los cambios previstos. Según dos cartas vistas por Euractiv Eslovaquia, la Comisión Europea ha advertido a Bratislava de las consecuencias que podría afrontar si se aprueba la reforma.
En una carta fechada el 8 de febrero, el Comisario de la UE, Didier Reynders, escribió al gobierno de Fico que las reformas previstas “parecen tener un impacto negativo directo y significativo en la legislación de la UE” y expresó su preocupación por un “riesgo de daño irreparable”, en particular a la UE. intereses financieros.
“La Comisión se compromete a proteger estos intereses según sea necesario, (…) incluso mediante procedimientos de infracción y procedimientos en virtud del Reglamento de Condicionalidad y del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, advertía la carta.