Una amplia ola de descontento en todo el bloque por los altos costes, la competencia externa y la burocracia en el sector agrícola ha llegado a España.
El gobierno español anunció el martes que pagará una compensación a los agricultores afectados por la actual sequía y el conflicto en Ucrania.
La declaración se produce cuando los agricultores del país se unieron a las protestas en curso en toda la UE contra lo que perciben como altos costos, burocracia excesiva de Bruselas y competencia de países no pertenecientes a la UE en el sector agrícola.
Según el Ministerio de Agricultura, se pagará una “ayuda extraordinaria” por un total de casi 269 millones de euros (288 millones de dólares) a casi 140.000 agricultores que producen arroz y tomates destinados a la transformación, y a las explotaciones agrícolas que sólo dependen del agua de lluvia para el riego. Las subvenciones pretenden “compensar las dificultades causadas por la sequía y las consecuencias” del conflicto en Ucrania, se lee en un comunicado en el sitio web del ministerio.
España sufre una grave sequía provocada por olas de calor sin precedentes y casi tres años de escasez de precipitaciones. Como muchos otros países de la UE, España también ha experimentado una crisis energética que se debe en gran medida a las sanciones del bloque contra Rusia por su operación militar en Ucrania.
Los agricultores españoles organizaron protestas en todo el país el martes, bloqueando carreteras y provocando interrupciones del tráfico en varias regiones. Al igual que los agricultores de Polonia, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Italia y Portugal, exigen ayuda gubernamental, menos burocracia de Bruselas y controles más estrictos sobre las importaciones de países no pertenecientes a la UE.
Los productos agrícolas ucranianos baratos inundaron los mercados de la UE después de que Bruselas levantara los aranceles a las importaciones del país. Esto ha tenido el efecto de subcotizar los precios de los productos locales.
Según Reuters, los agricultores españoles también afirman que las normas de la UE para proteger el medio ambiente los hacen menos competitivos que los productores de fuera del bloque. Argumentan que las regulaciones, junto con los altos costos del combustible y la energía, les dificultan obtener ganancias.