La abogada Gilma Camargo representa a las víctimas civiles de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, cuyo aniversario 35 se recordará este año.
Dentro de esa causa, la letrada sigue el caso del panameño José Isabel Salas Galindo y otros civiles, víctimas en la cruenta agresión del 20 de diciembre de 1989 que causó miles de muertos y de desaparecidos.
La activista denunció que desde 1990 llevan acuciosas investigaciones sobre los hechos y unos 28 años después lograron lo que considera una victoria: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organizaciòn de Estados Americanos (OEA) responsabilizara a Washington con la compensación de las víctimas y sobrevivientes de aquel acto cruel.
En declaraciones a Prensa Latina, Camargo explicó que ese logro no es difundido.
y se mantiene invisibilizado mediante obstàculos por el Gobierno del presidente panameño, Laurentino Cortizo, la cancillería, el Legislativo y el Órgano Judicial.
El fallo de la CIDH, precisó, recomienda compensación integral para unas 272 familias que sufrieron daño en la agresión.
POR REAL COMPENSACIÓN
Este 2024, a 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, Camargo instó a continuar organizando màs acciones por medio de los peticionarios que integran el Frente Salas Antimperialista hasta lograr además una compensación total y recabar la solidaridad de otros pueblos vìctimas de violaciones y agresiones similares como el pueblo palestino por parte de la mayor potencia del mundo.
El Ejecutivo creó aquí un mecanismo en un intento por distraer y usurpar el papel de las las víctimas y su lucha en el àmbito nacional por instalar el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, afirmó en relación con el decreto ejecutivo 121 de 2016 que creó la Comisión 20 de Diciembre de 1989.
La abogada llamó a las autoridades gubernamentales actuales y a las que vendrán (este año hay elecciones generales) a respetar el derecho internacional y el del pueblo panameño para acceder al real conocimiento de lo ocurrido durante la invasión norteamericana, la mal llamada Operación Causa Justa.
CAMARÓGRAFO ESPAÑOL
Camargo anunció además que, tras el fracaso del Gobierno de España ante la CIDH de lograr una investigación clara y definitiva sobre el asesinato del camarógrafo Juantxu Rodríguez, muerto por una bala disparada por un francotirador en el hotel Marriot, la familia del profesional decidió unirse en su reclamo al Frente Salas Antimperialista.
Desde 2019, los familiares de Rodríguez, precisó, han estado llevando a su país de origen pruebas y evidencias sobre este caso, sin los resultados esperados.
Para facilitar esa investigación, agregó, Estados Unidos debería devolver los negativos de las fotos realizadas por el profesional, ahondar la información sobre esos acontecimientos y compensar a su familia.
Esfuerzos como este son clave, a juicio de Camargo, para llegar a una propuesta de compensación definitiva que merecen el pueblo en materia monetaria y de salud, pero también en el orden legal para que Estados Unidos no quede impune.
“Somos los únicos que de una manera continua desde 1990 hasta la fecha hemos tenido vínculos con las comunidades afectadas y seguiremos en la lucha hasta concluir con claras evidencias del número de víctimas de la invasión, el armamento que experimentaron en esa masacre y la existencia de fosas comunes, agregó.
También demandó que el Gobierno deje de obstruir a los activistas, a su persona y a los coordinadores de los colectivos que esperan que la verdad salga a la luz, frente a la “afectuosa” relación de los mandatarios de turno con Estados Unidos.
NUEVAS ACCIONES
En los próximos meses, hasta el 20 de diciembre de este año, adelantó, se realizarán actividades que visibilicen esta lucha y tomar el control para que a las futuras generaciones llegue la verdadera historia de la invasión de Estados Unidos a Panamá.
Sería una nueva etapa de diplomacia revolucionaria, remarcó, en momentos en los que la cancillería se niega a apoyarnos o que la comisión de relaciones internacionales del Legislativo valore nuestros informes sin la presencia de los autores y peor, no hace nada.
La activista denunció que el Órgano Judicial se niega a publicar ese informe y que la Corte Suprema de Justicia lo devolviera, con la justificación de que no era de su competencia, lo cual impide que los abogados del país conozcan esas evidencias y el fallo de la CIDH, lo cual está estatuido por normas internacionales.
Satisface, no obstante, dijo, que el caso sea conocido por universidades en Estados Unidos y sistemas judiciales de varios países latinoamericanos, además de que instituciones como el sistema de la Biblioteca Nacional ponga a disposición de los panameños esas investigaciones en las redes regionales.