El ministro Antonio Dias Toffoli, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó abrir una investigación contra el exjuez Sérgio Moro por fraude en la delación de un exdiputado, considerada hoy el embrión de la operación Lava Jato.
Dias Toffoli dispuso empezar la indagación después de las solicitudes de la Policía Federal (PF) y la Fiscalía General. Al respecto, el ahora senador Moro dijo desconocer la decisión y reafirmó que no hubo ninguna irregularidad en el proceso.
El portal G1 indica que se trata del caso relatado al Supremo Tribunal Federal (STF) por el exlegislador del sureño estado de Paraná Tony García, personaje que a inicios del 2000 fue una figura prominente en la política local.
Como se reveló en una serie de informes, García firmó un acuerdo de denuncia galardonado con Moro, cuando el exjuez todavía era jefe del 13 Tribunal de Curitiba, capital de Paraná.
El trato preveía que éste funcionara como una especie de grapa ambulante para obtener pruebas contra integrantes del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas del estado, entre otras autoridades con fuero de prerrogativa de función que estaban fuera del alcance de la Justicia Federal.
Todo el entendimiento consta de autos que permanecieron durante casi dos décadas bajo el más absoluto secreto en el 13 Tribunal de Curitiba.
Ellos solo llegaron al STF cuando el juez Eduardo Appio, ya alejado del juzgado, tuvo conocimiento de su contenido. Grabaciones muestran que el propio Moro telefoneaba a su reo dando instrucciones sobre el proceso.
«Se extrae del relato que el acuerdo de colaboración fue utilizado como instrumento de coacción ilegal», suscribe la Procuraduría General de la República (PGR) en un documento obtenido por G1.
Para la PF, hay indicios de que «la colaboración premiada fue desvirtuada de forma a funcionar como instrumento de chantaje y de manipulación probatoria».
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulada operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, el exmagistrado sancionó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Con sus maniobras impidió, además, con la colaboración de generales y jueces, la candidatura del exdirigente obrero cuando era favorito para imponerse en las elecciones presidenciales de 2018 que ganó el político ultraderechista Jair Bolsonaro.
Luego desistió al cargo de juez y ese mismo año fue nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro.
Más tarde Moro dejó el cargo después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la PF Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.