El 8 de enero de 2023 miles de personas descontentas con la derrota en las urnas de Jair Bolsonaro irrumpían violentamente en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, en un ataque sin precedentes en la historia del país, que ahondó en su polarización y puso el foco sobre el papel de unos militares que siempre contaron con presencia mayoritaria en el Gobierno del expresidente brasileño.
Aquel día, en plena desazón de una mitad del país por la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al Palacio de la Alvorada, decenas de autobuses llegaron a la capital para participar en lo que parecía una manifestación más contra el nuevo Gobierno, unas protestas que habían comenzado dos meses antes con vigilias, encuentros para rezar y campamentos frente a las puertas de los cuarteles del Ejército.
Ataviados como si fueran a ver un partido de la Selección, miles de ultraderechistas convencidos de que existía una conspiración por parte de los poderes del Estado para sacar a Bolsonaro del Palacio de la Alvorada asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto –sede del Gobierno– dejando daños materiales por valor de más de 4,7 millones de euros.
En Estados Unidos de vacaciones, hasta donde se desplazó para evitar entregar a Lula la banda presidencial, Bolsonaro, que no reconoció su derrota –algo que sigue sin hacer–, tardó casi un día en reaccionar y lo hizo comparando lo ocurrido con protestas de años atrás por parte de la izquierda, que muy lejos estuvieron de parecerse a lo que ocurrió aquel 8 de enero en pleno corazón de Brasilia.
Aquellos hechos, con imágenes de unos pasivos militares y otros fotografiándose con los asaltantes, enfadaron a un Lula que no tardó en cesar al general Júlio Cesar de Arruda como jefe del Ejército, además de depurar decenas de cargos más. La desconfianza se evidenció aún más cuando meses después sacó a los militares de la agencia de Inteligencia, a la que culpó de no advertir de los posibles ataques.
Después de aquella escasa reacción inicial, finalmente las fuerzas de seguridad actuaron y para el final del día habían recuperado el control de los edificios vandalizados y unas 1.900 personas fueron detenidas, de las cuales 775 fueron liberadas al día siguiente al tratarse de personas mayores o con enfermedades.
No obstante, solo unos 250 de aquellos detenidos lo fueron por participar en los ataques y la gran mayoría de ellos se enfrentan ahora a procesos judiciales por delitos de intento de golpe de Estado que podrían acarrearles más de 20 años de cárcel. El resto fueron detenidos por acampar frente a los cuarteles del Ejército o por bloquear carreteras.
A lo largo del año, el Supremo ha concedido la libertad condicional a la mayoría de ellos a la espera de que se celebre el juicio, imponiéndoles medidas como no manifestarse en redes sociales, no salir del país, o llevar tobillera electrónica.
Actualmente 66 siguen en prisión, de los cuales 30 han sido condenados, pero solo ocho cumplen sentencia; el resto esperan a que se resuelvan sus recursos de apelación. Las personas que aguardan entre rejas sus penas fueron muchas de ellas apresadas en las diferentes etapas de la bautizada como operación ‘Lesa Patria’, que pone el foco especialmente en quienes habrían financiado e instigado el ataque.
EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES
Una de las particularidades de aquellos hechos ocurridos hace un año fue la estrategia de comunicación que se llevó a cabo y que sacó a miles de personas de sus casas incluso dos meses antes, cuando se levantaron aquellos campamentos a las puertas de las cuarteles del Ejército para protestar contra la victoria de Lula.
Bajo el telón de fondo impuesto por el silencio de Bolsonaro, solo interrumpido para publicar en sus redes sociales infundadas teorías de fraude, sus seguidores comenzaron a utilizar la expresión en clave ‘Festa da Selma’, con la que movilizarse a través de Internet sin levantar sospechas.
‘Selma’, una variación de ‘Selva’, alude directamente al deber militar en Brasil, en referencia al despliegue de las Fuerzas Armadas en la Amazonia. En el campo simbólico, dicha clave apelaba a aquellos que mantenían la esperanza de que Bolsonaro pudiera permanecer en el poder a pesar de su derrota en las urnas.
UN BOLSONARO YA INHABILITADO, A INVESTIGACIÓN
Entre los investigados por supuestamente instigar aquellos ataques está Jair Bolsonaro, quien a lo largo del año ha sido inhabilitado por un periodo de 16 años para ocupar cargos públicos por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por abuso de poder y uso indebido de recursos públicos durante la pasada campaña, echando así por tierra sus pretensiones de volver a presentarse a unas elecciones.
Mientras Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, algunas personas de su círculo más íntimo fueron detenidas por su implicación en los hechos del 8 de enero, entre ellos quien fuera su exministro de Justicia y en el momento de los ataques secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, ya libre después de cuatro meses encarcelado y en cuya casa se halló el llamado ‘borrador golpista’.
En él se recogía la creación de una comisión electoral –formada por funcionarios de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Policía Federal, entre otros– para supuestamente restaurar la imparcialidad en el proceso electoral, en base a las acusaciones infundadas de fraude de Bolsonaro y los suyos.
El otro detenido es quien fuera su asesor principal, el coronel Mauro Cid, a quien no se vinculó con el 8 de enero hasta su arresto en mayo en el marco de una investigación sobre la gestión fraudulenta de los datos de vacunación contra la COVID-19. Su arresto vino motivado por el hallazgo en su teléfono del borrador de una declaratoria del Estado de sitio de Brasil tras las elecciones.
Después de alcanzar un acuerdo de colaboración con la Justicia –su nombre también aparece en una trama con la que Bolsonaro habría intentado no declarar varios y lujosos regalos oficiales–, en septiembre se aprobó su liberación.
Lejos de Brasilia, Bolsonaro pasará el aniversario del 8 de enero en su casa de la playa en Río de Janeiro, donde está previsto que permanezca hasta finales de enero. Por su parte, el presidente Lula anunció que se celebrará ese día un acto para conmemorar que “la democracia derrotó el intento de golpe”.