La disposición alcanzará a los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el Programa de Atención Médica Integral y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Dentro del paquetazo del presidente argentino Javier Milei que centrales obreras y sindicatos rechazan, se prevé que 7.000 empleados del Gobierno sean despedidos, mediante decreto que veta que los contratos de trabajadores estatales sean renovados.
La determinación forma parte del nuevo plan de ajuste económico con el que el mandatario quiere reencauzar la economía argentina, ya que entre las medidas ha estado la disolución de nueve ministerios. El número total de despidos corresponde a todo el personal que fue contratado durante el presente año.
La disposición alcanzará a los trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En rueda de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni indicó que los contratos públicos dados de alta en 2023 que finalicen el próximo 31 de diciembre no serán renovados en 2024, mientras que el resto entrarán en un proceso de revisión de noventa días.
Con respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.
De acuerdo con el portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares). “Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”, enfatizó Adorni.
La orden emitida también comprende que los empleados contratados antes del primero de enero de 2023 solamente sean renovados por un período de 90 días, ya que el objetivo es las autoridades de cada jurisdicción “realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado con el fin de evaluar la renovación” de su vínculo laboral con el Gobierno argentino.
En esta jornada, el Congreso argentino inicia sesiones extraordinarias convocadas por el presidente ultraliberal Milei para debatir leyes complementarias a un megadecreto de desregulación económica resistido por la oposición y las centrales obreras que piden a la justicia que lo declare inconstitucional.
“Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio que ha votado la gente o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda”, dijo Adorni en conferencia de prensa.
El paquete complementario que debatirá el Congreso hasta el 31 de enero incluye reformas impositivas, a la ley electoral y a las funciones del Estado.