Integrantes de organizaciones sociales y sindicales de Argentina marcharán hoy hasta el capitalino Palacio de Justicia para expresar su desacuerdo con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.
La manifestación tendrá lugar a las 12:00, hora local, y entre las agrupaciones que participarán se encuentran la Confederación General del Trabajo (CGT), la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero, la Unidad Piquetera y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
También asistirán la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre otras.
Los presentes expresarán también su rechazo a un plan de ajuste, un protocolo antiprotestas y la decisión del Gobierno de no renovar los contratos del Estado firmados después del 1 de enero de 2023, lo cual afectará a alrededor de siete mil personas.
El DNU anunciado por Milei el 20 de este mes dispone el desarme de cientos de regulaciones, entre ellas las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras, promoción industrial y comercial.
Además, elimina la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y aprueba la transformación de todas las entidades del Estado en sociedades anónimas.
También dispone la reforma el régimen laboral, modifica el Código Civil y Comercial, cambia el marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, elimina las restricciones de precios a la industria prepaga y reforma el régimen de empresas farmacéuticas.
Durante varias noches, miles de personas participaron en cacerolazos en varias ciudades de este país para rechazar el decreto y políticos, diputados y organizaciones señalaron que son medidas inconstitucionales, contra el Estado de Derecho y la división de poderes.
El DNU subvierte el orden al pretender legislar de espaldas al Congreso, integrado por los representantes del pueblo. Cualquier plan de Gobierno que incluya la modificación, derogación o creación de normativas debe pasar por el debate de senadores y diputados, señaló la CGT en un comunicado.
Por su parte, la UTEP indicó que ese decreto “pasa por encima de los demás poderes de la República en nombre de una libertad hecha a medida de la casta que supuestamente venían a combatir”.
A su vez, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “en la administración pública, cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a todos los derechos laborales”.
Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido. Profundizaremos nuestro plan de lucha. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle”, añadió.