La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha admitido este miércoles que tiene “dudas” de que todos los artículos incluidos en la polémica reforma migratoria cumplan con la Constitución, por lo que ha adelantado que el Gobierno solicitará un pronunciamiento del Consejo Constitucional.
Un día después de que el Parlamento respaldase un nuevo proyecto que, al segundo intento, sí contentó a Los Republicanos y a Agrupación Nacional, Borne ha advertido en una entrevista a France Inter que algunas de las concesiones pueden haber traspasado la barrera de la legalidad.
“Por ejemplo, se prevé que si mañana alguien se casa con un canadiense o un japonés, no pueda venir a Francia si no habla bien francés”, ha dicho, al aludir a alguno de los aspectos de fondo y forma sobre los que el Gobierno tiene ahora recelos.
Aun así, Borne ha explicado que pidió el voto a favor para “responder a las preocupaciones de los franceses” y, de hecho, durante la entrevista ha declarado que tiene “el sentimiento del deber cumplido”, después de que la tramitación haya puesto contra las cuerdas la estabilidad de la mayoría que a día de hoy sustenta al Gobierno.
“Queríamos votar un texto con medidas útiles, eficaces, esperadas por nuestros ciudadanos, con dos objetivos: expulsar más eficazmente a quienes no tienen derecho a estar en Francia y supervisar mejor a aquellos a los que queremos acoger”, ha resumido.
Asimismo, ha negado que haya “crisis de la mayoría”, alegando que casi el 80 por ciento de los legisladores que habitualmente apoyan al Gobierno votaron a favor. Por contra, tanto la derecha clásica como la ultraderecha reivindicaron como una victoria ideológica los cambios introducidos en una comisión mixta de diputados y senadores.
En las últimas horas, varios medios han adelantado una dimisión inminente del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, por sus supuestas discrepancias con la reforma, pero Borne ha aclarado que el presidente Emmanuel Macron no ha recibido ninguna petición de renuncia.