El fundador de WikiLeaks se enfrenta a una condena de 175 años por revelar información clasificada enviada desde Gran Bretaña.
La posible apelación final del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra la extradición a Estados Unidos se llevará a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido en Londres los días 20 y 21 de febrero, según un comunicado difundido por el medio de comunicación.
Assange enfrenta 17 cargos bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos y potencialmente una sentencia de prisión de 175 años. Dos jueces revisarán una sentencia dictada en junio, que había negado al periodista el permiso para presentar nuevos recursos.
Esta “puede ser la última oportunidad para que Julian Assange impida su extradición a Estados Unidos”, advirtió WikiLeaks en un comunicado. El 6 de junio, un juez del Tribunal Superior del Reino Unido rechazó los ocho motivos de su moción, respaldando la orden de extradición de 2020.
El juez también anuló partes del fallo de enero de 2021, que había rechazado la extradición de Assange debido a preocupaciones sobre el riesgo de suicidio y problemas de salud. Esta posible apelación final será la última oportunidad de luchar contra la extradición en el Reino Unido. El próximo paso de los abogados de Assange podría ser llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Con la gran cantidad de pruebas que han salido a la luz desde la audiencia original en 2019, como la violación del privilegio legal y los informes de que altos funcionarios estadounidenses estuvieron involucrados en la formulación de planes de asesinato contra mi esposo, no se puede negar que un juicio justo, y mucho menos la seguridad de Julian en suelo estadounidense, es imposible si fuera extraditado. La persecución de este periodista y editor inocente debe terminar”, dijo en un comunicado la esposa del periodista, Stella Assange, con quien se casó mientras estaba en prisión.
Assange, de 52 años, está tras las rejas en Londres desde 2019, cuando Ecuador, en cuya embajada había buscado refugio durante siete años, le revocó el asilo -al parecer a petición de Estados Unidos- y lo entregó a la policía británica. Tras su arresto, Estados Unidos acusó a Assange de espionaje por la publicación en 2010 de documentos clasificados militares y del Departamento de Estado, que, según los fiscales estadounidenses, habían puesto vidas en peligro. Desde entonces, el Reino Unido aprobó su extradición a Estados Unidos.
Assange ha estado tratando de revocar esa decisión, insistiendo en que no violó ninguna ley y que su publicación de los documentos clasificados fue periodismo legítimo protegido por la Constitución de Estados Unidos.
La Ley de Espionaje nunca antes se había utilizado para procesar a un periodista o medio de comunicación que publicó pero no robó material clasificado.