Un tribunal probó la responsabilidad de Fujimori en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
El dictador peruano, Alberto Fujimori, fue puesto en libertad este miércoles, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara en la víspera que se realizara de forma inmediata
En esta jornada, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que confirmó que tras “procesar el documento de conformidad con los protocolos internos”, procedería con la puesta en libertad de Fujimori.
Desde el año 2009, el dictador Alberto Fujimori cumplía una sentencia de 25 años por crímenes de lesa humanidad y por su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Durante su gestión al frente del Gobierno peruano desde 1990 hasta el 2000, Fujimori fue el autor de 25 asesinatos que ejecutó el grupo Colina, una asociación militar clandestina que respondía a sus órdenes.
En Barrios Altos fueron masacradas 15 personas, entre ellas un menor de ocho años; mientras, nueve estudiantes y un profesor fueron asesinados por el mismo grupo en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El grupo Colina había recibido información de que en esos grupos de personas se encontraban terroristas, pero las investigaciones corroboraron que en su inmensa mayoría, eran personas inocentes.
Asimismo, su Gobierno se caracterizó por un plan de esterilizaciones forzadas, en el que mujeres campesinas eran obligadas a someterse a una esterilización para evitar su acceso a programas gubernamentales, así como el asesinato de dirigentes comunales.
Tras conocerse la noticia de la excarcelación de Fujimori, familiares de las víctimas se congregaron en la víspera en rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional.
Procuraduría recuerda que dictador peruano tiene deuda de cerca de 15 millones de dólares con el Estado
En la tarde de este miércoles, antes de que se excarcelara al dictador Alberto Fujimori, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Perú refirió que el expresidente tiene una deuda de 57 millones de soles (alrededor de 15 millones de dólares) de reparación civil por los tres casos de corrupción por los que fue sentenciado.
“Ese monto incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil impuesto por el Poder Judicial en favor del Estado por tres hechos: el allanamiento regular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor”, manifestó el documento.
Entre tanto, se aclaró que este monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su pensión vitalicia, ya que desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil.
El Ministerio, afirma la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Perú, es el encargado de garantizar la permanencia de Fujimori en el territorio nacional.
“Vale indicar que el recurso declarado fundado por el Tribunal Constitucional no libera al condenado de pagar la reparación civil al Estado”, indicó el ente.
Por su parte, la plataforma Ojo Público refirió que Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos (matanzas de Barrios Altos y La Cantuta) y por corrupción, dejó la cárcel luego de que el Gobierno de Dina Boluarte decidiera desacatar la resolución de la Corte.
“Con la acción de liberar a Fujimori, el Perú se aleja del sistema interamericano de justicia”, reconoció Ojo Público.