Cancillería responde a EE.UU. que se trata de un asunto soberano interno y que el procedimiento empleado por el Congreso es legal y de conformidad con la Constitución.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reyna, rechazó este sábado expresiones del embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Frank O. Mora, y las consideró una intromisión del Gobierno estadounidense en asuntos que solo competen a la nación centroamericana.
En mensaje difundido a través de la red social X, Reyna comentó una publicación de Mora, quien dijo sentirse preocupado por actos de violencia ocurridos en Honduras luego de la elección del Fiscal General interino y su adjunto. Añadió que la elección “socava la confianza en la democracia representativa”.
El titular de Exteriores hondureño manifestó: “Rechazamos la intromisión sobre un tema soberano interno, ya que la decisión de la Comisión Permanente del CN (Congreso Nacional) de nombrar al fiscal y fiscal adjunto ‘interinos’, se hizo legalmente, conforme a los artículos 207 y 208 de la Constitución”.
Respecto al segundo punto del mensaje de Mora, Reyna expresó que “la democracia en Honduras la menoscabaron la impunidad y la corrupción del esquema que creó la narco-dictadura y los que lo querían sostener”.
Afirmó que es inaceptable “tener una visión parcial promovida por los que abusaron del poder y violaron la Constitución en el pasado”.
Asimismo, hizo hincapié en que el actual Gobierno hondureño condena “toda forma de violencia y el intento de manipular los hechos por la oposición”.
Días atrás, la Comisión Permanente del CN designó con carácter interino a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto. Se eligió ese procedimiento, previsto en la Carta Magna, debido a la falta de consenso de las fuerzas políticas en el Legislativo, lo cual impidió que ambas autoridades asumieran sus funciones el 1 de septiembre pasado, fecha prevista en la ley.
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libre (Libertad y Refundación, en el poder) han dejado claro que bajo los intentos de la oposición para torpedear la elección de los fiscales subyace el interés de defender los privilegios de una minoría que dirigió el país durante décadas y que ahora se siente amenazada por un Ejecutivo determinado a hacer frente a la corrupción y la impunidad.