La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) inicia hoy un paro de 72 horas en rechazo al contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá.
En el comunicado, ese colectivo señaló que la duración de la huelga es prorrogable.
A juicio de esta agrupación, la nueva ley 406 fue aprobada a “tambor batiente”, al tiempo que exhortó a los pacientes a evitar acudir a las instalaciones sanitarias, a menos que se traten de urgencias.
“Debemos priorizar los escasos insumos en atender a los heridos en esta lucha”, precisó la Amoacss en su alocución.
La víspera, en medio de crecientes manifestaciones de organizaciones sociales y ambientalistas que exigen la derogación de ese pacto con la filial de la trasnacional canadiense, First Quantum y un mensaje a la nación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, en defensa del texto, la Alianza Pueblo Unido por la Vida anunció una marcha cívica mañana hacia la sede del Ejecutivo para presentar ese reclamo.
Al presentar la nueva acción, el secretario de Convergencia Sindical y uno de los voceros de ese colectivo, Eduardo Gil, convocó a toda la familia panameña, a estudiantes, amas de casa, obreros, indígenas, campesinos a sumarse a la demanda de revocatoria de un pacto lesivo a la soberanía y patrocinado por gobernantes y diputados vende patria.
Gil instó también a la Policía Nacional y sus unidades antimotines de abstenerse de reprimir a manifestantes pacíficos, como ha ocurrido hasta el momento en varios puntos del país, con saldo de heridos por el empleo de gas pimienta, balines y armas de reglamento, según denunció.
La caminata partirá mañana jueves a las 16: 00 hora local del emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, hacia el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo) para también rechazar el arrogante y prepotente mensaje que dirigió el mandatario en defensa del leonino contrato y que ha generado más indignación.
Gil indicó que las medidas de presión en las calles como cierres viales, concentraciones populares y mitines se mantendrán hasta que el Gobierno revoque este pacto, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.