El Parlamento de Kenia ha aprobado este jueves el despliegue durante un año de 1.000 efectivos de la Policía Nacional del país como parte de una misión de mantenimiento de paz para combatir a las bandas en Haití.
La aprobación de la medida se ha producido en medio de un acalorado debate, en el que la oposición se ha opuesto de manera vehemente al envío de este millar de agentes, puesto que no solo acarraría un gasta de 91.000 millones de chelines (550 millones de euros), sino porque además se estaría violando la Constitución.
El diputado del opositor Movimiento Democrático Naranja (ODM) James Opiyo Wanday sostiene que se estaría rompiendo con la Constitución, puesto que la ley solo habla de desplegar Fuerzas Armadas” fuera del país, en referencia al Ejército, la Fuerza Aérea, o la Armada, “en ningún lugar se menciona al Servicio de Policía Nacional”.
“¿No estamos utilizando a nuestros oficiales como conejillos de indias?”, se ha preguntado, remarcando que se trata de una medida “imprudente”, recoge el diario ‘The Standard’. “Hago un llamamiento a mis colegas para que rechacen esta moción y salvemos a nuestros nietos”, ha reclamado.
Por su parte, el oficialismo ha destacado el “histórico” papel de Kenia aportando “soluciones a los retos de seguridad” en sitios como Yugoslavia, Namibia, Timor Oriental, Angola, Sierra Leona, o Croacia. A su vez, considera que el hecho de que sea el país africano quien dirija el operativo “hace menos probable que las tensiones raciales” pongan en peligro el despliegue.
El Ministerio del Interior de Kenia ha explicado a los miembros del Parlamento que otros países del continente, como Senegal, Burundi y Chad aportaron efectivos, al igual que Jamaica, Chile, Ecuador y Barbados, recoge la agencia Bloomberg.
Se espera que el primer grupo llega a principios de 2024. El coste de la operación se estima en 550 millones de euros, si bien gran parte de ella correrá a cargo de Naciones Unidas y Estados Unidos.
Las bandas se han hecho con el control de una gran parte de Haití, cuyas autoridades se muestran incapaces de tomar las riendas del atribulado pequeño país caribeño, cuya situación acabó de empeorar tras el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.