El juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. En un auto, al que hemos tenido acceso , el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas.
Aunque el juez ya había empezado a investigar la presunta malversación en el marco de la contratación de Álvarez, de momento no había imputado dicho delito a Gómez. La esposa de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
Cita también a Cristina Álvarez
Además de citar a Gómez, el instructor ha visto pertinente tomar declaración también como investigada a la propia Álvarez, a quien cita el día 10 de septiembre, a las 11.00 horas
Cabe recordar que la trabajadora de Moncloa ya ha declarado como testigo y como investigada en este procedimiento, aunque el pasado junio la Audiencia Provincial de Madrid anuló su testifical y validó únicamente lo que manifestó en su declaración como investigada, ratificando en este sentido los indicios en su contra de presuntos delitos de tráfico de influencias.
Para justificar la imputación del delito de malversación a Gómez y Álvarez, el juez incluye un extracto del auto de la Audiencia Provincial. “Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento”, apuntaban los magistrados.
Ello, para la Audiencia Provincial, “podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”.
La decisión del instructor supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento.
Sin negativa para investigar a Bolaños
Al margen, en el auto dictado este lunes, Peinado aprovecha para avisar que no ha recibido notificación alguna de la decisión del Tribunal Supremo de archivar la exposición razonada que envió pidiendo que se investigara al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el nombramiento de Álvarez.
“No se tiene conocimiento todavía en la sede de este juzgado, al no haberse recibido copia del mismo”, ha recalcado el instructor, en referencia al auto del Supremo del pasado 15 de julio.
El PP arremete contra Sánchez
Ante esta noticia, el PP considera que, tras la decisión del juez Peinado de citar como investigada a Begoña Gómez, lo único que el presidente del Gobierno no tiene imputado a su alrededor es su mascota.
“Ministros, su esposa, su hermano, dirigentes socialistas más próximos. España no merece un presidente que lo único que no tiene imputado a su alrededor es la mascota ha publicado en la red social X Sergio Sayas, uno de los portavoces suplentes del Grupo Popular en el Congreso. Sánchez vete ya”
El Gobierno apela a las decisiones del Supremo
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno respeta las iniciativas judiciales, aunque ha apelado a la presunción de inocencia de la mujer del presidente y a su derecho a la defensa.
Además, ha recordado que el Tribunal Supremo ya rechazó investigar a Bolaños como le había pedido Peinado, puesto que en 2018, cuando la asesora fue contratada, Bolaños era secretario de Presidencia y, por tanto, responsable de su contratación.