El presidente argentino Javier Milei enfrenta su primera prueba electoral en las elecciones locales del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado podría marcar la trayectoria de sus radicales reformas económicas de cara a las cruciales elecciones intermedias de octubre. Con el 40% del electorado argentino, la provincia de Buenos Aires ha sido durante mucho tiempo un bastión del peronismo.
Una encuesta de agosto de la consultora Analogias muestra que el partido izquierdista peronista Fuerza Patria lidera con un 36,9% de apoyo frente al 32,3% de La Libertad Avanza.
El implacable programa de austeridad del líder libertario ha logrado controlar la inflación galopante, con tasas anuales que se espera que caigan por debajo del 30% este año desde cifras de tres dígitos anteriores, según Reuters . También ha recibido elogios del FMI, que dio luz verde a un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares en abril y aprobó la primera revisión del Fondo Europeo de Financiamiento (EFF) a finales de julio, a pesar de la persistente preocupación por las reservas de divisas extremadamente bajas del país.
Sin embargo, sus drásticos recortes del gasto público han desencadenado protestas generalizadas de jubilados, profesores y médicos, creando crecientes tensiones sociales. Más de 50 universidades salieron a las calles para protestar la semana pasada.
La estrategia del presidente para mantener su experimento económico poco ortodoxo depende en gran medida del éxito electoral para generar confianza entre los inversores y evitar que el Congreso controlado por la oposición apruebe leyes que puedan socavar la disciplina fiscal.
Una encuesta reciente de D’Alessio IROL/Berensztein indica crecientes desafíos políticos: el índice de aprobación de Milei cayó del 46% al 43%, mientras que la desaprobación aumentó al 55%.
Las elecciones de Buenos Aires representan un indicador crucial para el futuro político y la agenda de reformas de Milei. Un mal resultado podría envalentonar a la oposición, que se está reorganizando rápidamente tras la sentencia de la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner, y dificultar su capacidad para mantener la disciplina fiscal que ha sustentado su éxito en la lucha contra la inflación, lo que podría poner en peligro tanto sus planes económicos como su supervivencia política antes de las decisivas elecciones intermedias de octubre.