La Corte Suprema de Brasil ordenó el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por intentar anular los resultados de las elecciones de 2022 después de su derrota.
El caso ya ha generado tensiones con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump lo calificara de “caza de brujas” e impusiera aranceles del 50% a Brasil.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, dictaminó el lunes que Bolsonaro sería puesto bajo arresto domiciliario y se le prohibiría el uso de teléfonos celulares. También prohibió al expresidente recibir visitas, excepto a su equipo legal y a personas autorizadas por el tribunal.
Bolsonaro violó las medidas cautelares judiciales que le impusieron el mes pasado y utilizó las cuentas de redes sociales de sus tres hijos para publicar mensajes “claramente alentando e instigando ataques contra el Supremo Tribunal Federal y apoyando abiertamente la intervención extranjera en el poder judicial brasileño”, dijo Moraes en su fallo.
La semana pasada, Trump acusó a Brasilia de varios abusos contra los derechos humanos y de perseguir injustamente a Bolsonaro, e impuso un arancel del 50% a los productos brasileños, la tasa más alta aplicada actualmente por Estados Unidos.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenó los intentos de Trump de usar aranceles para presionar a Brasil por el juicio a Bolsonaro.
Al hablar en un evento del Partido de los Trabajadores en Brasilia el domingo, Lula acusó a Washington de utilizar los asuntos internos de Brasil como pretexto para imponer sanciones y enfatizó que Estados Unidos “ya ayudó a organizar un golpe” en el país.
Estados Unidos quiere “acabar con el multilateralismo” y volver a los “acuerdos entre países donde los grandes dominan a los pequeños”, afirmó. Brasil ya no depende económicamente de Estados Unidos y, si bien está abierto a negociar, lo hará en igualdad de condiciones, añadió Lula, reafirmando su deseo de dejar de estar “subordinado al dólar”.
Trump ha amenazado repetidamente con imponer aranceles adicionales del 10% a miembros del BRICS como Brasil, acusándolos de intentar destronar al dólar estadounidense como moneda de reserva global. El bloque económico ha negado las acusaciones, argumentando que las propias acciones políticas de Washington debilitan el dólar.