La migración se ha convertido en un caballo de batalla en la UE, mucho más de lo que ya lo era; es un tema que siempre vuelve y que ahora ha provocado que la inmensa mayoría de Estados miembros viren hacia posiciones mucho más duras, con un pacto común todavía pendiente de entrar en vigor y con el Gobierno de Pedro Sánchez como el único que defiende abiertamente una política más laxa frente al liderazgo de Italia o las decisiones que están tomando otros países como Alemania, Grecia, Dinamarca o Portugal, coincidiendo también con altercados como los que se están viviendo estos días en la localidad de Torre Pacheco.
Daniel Gil, analista en The Political Room especializado en Unión Europea, explica a 20minutos que esos discursos en los gobiernos nacionales viran hacia posiciones más duras “porque está virando también la población” hacia eso. “Hemos visto durante ya varios años como el ascenso de los partidos con posiciones antiinmigración se da no solo desde el punto de vista electoral, sino también entre diferentes capas de la sociedad, sobre todo en países importantes de la Unión Europea como España o Alemania”, resume.
Esto, eso sí, es, dice Gil, fruto de un proceso largo. “Lo podemos trazar por poner una fecha a raíz de la crisis de refugiados de 2015”, con un asunto que los partidos tradicionales “han ido ignorando” mientras una parte de la población pedía “posiciones más duras” en la política migratoria de la UE. Para Gil, se han dado “dos fenómenos” al mismo tiempo en este sentido. “Uno, un fracaso paulatino de las políticas migratorias de la Unión Europea, que han demandado la acción para buscar una reforma en ese sentido y un nuevo modelo y, paralelamente a esta concienciación del fallo de las políticas migratorias, se producía un fortalecimiento del discurso y de la narrativa antiinmigración. Lo que ha provocado que esa acción, que ya era necesaria, que ya se consideraba necesaria previamente, vire hacia la derecha con políticas dirigidas al control más fuerte de la inmigración”, concluye.
Juan Carlos Girauta, eurodiputado de Vox, sostiene por su parte que el cambio en todas las capitales es evidente. “La mayoría de los países europeos están endureciendo sus políticas migratorias. Grecia ya no acepta solicitudes de asilo, Italia ha redirigido las rutas migratorias hacia España, y Alemania y otros países aplican políticas más restrictivas”, expone. En ese contexto, España “se está quedando sola” con su discurso, dice, “emocional y abierto, desfasado respecto a lo que ocurre en el resto de Europa”. Girauta lo tiene claro: “El Gobierno español no quiere asumir políticas de control fronterizo porque dice que eso es de fascistas”.
Para el eurodiputado parece haberse cambiado claramente, al menos desde los gobiernos nacionales, el enfoque que se dio en 2015 con la “política de puertas abiertas” impulsada por Angela Merkel ante la crisis humanitaria por la guerra de Siria. “Fue un ejemplo claro de cómo una política migratoria mal gestionada puede tener efectos muy negativos. Ahora, esa experiencia ha cambiado el enfoque de muchos países europeos. La opinión pública ya no está dispuesta a aceptar las premisas del discurso buenista. A medida que la realidad se impone, los partidos van adaptando su postura”, concluye Girauta.
Quien marca el paso en la nueva política migratoria es Italia. El modelo de Giorgia Meloni pasa por la creación de centros de detención de migrantes en terceros países, en su caso Albania; una idea ‘aceptada’ por Bruselas, apoyada ya por una decena de socios europeos y que sigue sobre la mesa pese al rechazo por parte de la justicia italiana. El único país que se opone abiertamente a esa vía es España, que se queda aislada en el debate migratorio porque incluso otros gobiernos de la cuerda de Sánchez, como el ya extinto de Olaf Scholz en Alemania, apostaron por ejemplo por aumentar los controles en las fronteras. Mientras, la Comisión Europea aboga por la entrada en vigor del pacto migratorio ya en 2026, aunque varias fuentes consultadas por este medio apunta a que se tendrá que “volver a negociar” este acuerdo que costó 15 años conseguir en el seno de los 27.
A todo esto hay que añadir por ejemplo que Alemania ya no es el destino europeo prioritario de los solicitantes de asilo, ahora es España. De las 64.000 solicitudes que se recibieron en mayo en la UE, más de 12.000 fueron hechas en España, según los últimos datos. Y Sánchez se queda solo porque ni siquiera la socialdemocracia se desmarca de la dureza planteada por Meloni: Dinamarca es el claro ejemplo.
El país acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante los próximos seis meses y su primera ministra, Mette Frederiksen, se ha fijado como prioridad el endurecimiento de la política migratoria. Además, hace un mes lideró junto a Meloni una carta para modificar la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otros textos, y pedir más margen nacional para expulsar a inmigrantes con delitos.
A estos casos hay que añadir también a dos gobiernos de centroderecha como el griego y el portugués. En el primer caso, el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis ha recibido el visto bueno del Parlamento para un paso importante en materia migratoria: durante los próximos tres meses no analizará ninguna solicitud de asilo de inmigrantes que hayan llegado irregularmente por mar desde el norte de África. Por su lado, el Ejecutivo luso que lidera Luis Montenegro ha aprobado la reforma de las leyes de Inmigración y Nacionalidad gracias al apoyo del ultraderechista Chega. Entre esos cambios destaca por ejemplo la creación de una unidad policial específica para la expulsión de migrantes.
La migración es el tema de nunca acabar para la UE. En 2024, se registraron aproximadamente 239.000 entradas detectadas de migrantes en situación irregular, lo que supone una reducción del 38 % respecto a 2023 y es el nivel más bajo desde 2021. Las rutas del Mediterráneo Central y los Balcanes Occidentales experimentaron las bajadas más notables, con caídas del 59 % y 78 %, respectivamente. Sin embargo, las rutas del Mediterráneo Oriental aumentaron un 14 %, mientras que las llegadas a las Islas Canarias crecieron un 18 %, alcanzando casi 47.000 personas, el dato más alto desde que Frontex comenzó a registrar en 2009. En cambio, España sigue sin moverse mientras la gran mayoría de socios sí lo hacen.