Puerto Rico ha promulgado una nueva ley que prohíbe la cirugía de cambio de sexo y la terapia hormonal para menores de 21 años, estableciendo un límite de edad más alto que cualquier legislación similar en Estados Unidos. Esto se alinea con las políticas de género implementadas por el gobierno federal.
Firmada el miércoles, la ley introduce severas penas, que incluyen hasta 15 años de prisión y multas de hasta 50.000 dólares, para quienes sean declarados culpables de realizar cirugías o administrar terapia de reemplazo hormonal a menores y adultos jóvenes. También exige la revocación de todas las licencias y permisos del personal médico involucrado. La ley también prohíbe el uso de fondos públicos para estos tratamientos.
“Los menores, al no haber alcanzado aún la madurez emocional, cognitiva y física necesaria, son particularmente vulnerables a tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles”, afirma la legislación, que entrará en vigor en octubre.
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha condenado la medida por ser discriminatoria y peligrosa, advirtiendo que aislará aún más a los jóvenes trans y podría impulsarlos a buscar alternativas no reguladas o inseguras. Su director, Justin Jesús Santiago, ha prometido impugnar la constitucionalidad de la ley ante los tribunales, argumentando que contradice la Constitución de Puerto Rico.
El presidente estadounidense Donald Trump hizo de las cuestiones de género un tema central de su campaña del año pasado. Desde que asumió el cargo, ha emitido órdenes ejecutivas que reafirman la política gubernamental de que «solo existen dos géneros: masculino y femenino».
Estas órdenes revierten las protecciones a los derechos de las personas transgénero, así como los programas de diversidad, equidad e inclusión. Ponen fin al apoyo federal a los procedimientos médicos relacionados con el cambio de sexo en menores, eliminan la “ideología de género radical” de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y prohíben a las mujeres trans competir en deportes femeninos.
El enfoque de Trump ha generado críticas de grupos de derechos civiles y de defensa de la comunidad LGBTQ+. Varias directivas han enfrentado impugnaciones legales, y jueces federales han bloqueado algunas órdenes.
La ley de Puerto Rico destaca entre docenas de medidas similares aprobadas en aproximadamente la mitad de los estados. Si bien la mayoría de las leyes se aplican a menores de 18 años, Puerto Rico eleva el límite de edad a 21, lo que la convierte en la legislación más estricta vigente en cualquier jurisdicción estadounidense.