El futuro de la consulta popular impulsada por el Gobierno colombiano para promover cambios en la legislación laboral del país entra hoy en una semana decisiva en la que se prevé la discusión en el Senado sobre el proceso.
Según declaró previamente el presidente de esa instancia legislativa, Efraín Cepeda, el próximo martes 13 de mayo comenzaría en la Plenaria el análisis sobre el ejercicio de participación ciudadana, y se espera que la votación ocurra poco después.
La semana pasada cada una de las bancadas de ese órgano celebró reuniones con el fin de definir su postura en torno a la iniciativa.
El Partido Liberal, por ejemplo, en un comunicado firmado por el director de esa colectividad, el expresidente Cesar Gaviria (1990-1994), consideró que la propuesta del presidente Petro “es una decisión equivocada” y calificó al proceso como un “despilfarro inadmisible”.
Dicho pronunciamiento suscitó el rechazo de miembros de la bancada del Pacto Histórico.
El representante Heráclito Landinez afirmó que la postura del exmandatario “demuestra que cada día está más alejado del sentimiento popular de sus bases liberales”.
No podemos ser antidemocráticos negando la intención de consultarles a los ciudadanos de un tema de trascendencia nacional como son las condiciones de los colombianos trabajadores, declaró.
Por otra parte, el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry confirmó que su asociación política rechazará la celebración de la consulta alegando, entre otras cuestiones, que es costosa.
Sobre las fuentes de financiamiento, el presidente Gustavo Petro explicó que el proceso podría costearse con el desplazamiento de partidas ya aprobadas en el presupuesto actual y con vigencias futuras, que son autorizaciones que permiten a las entidades públicas asumir compromisos contra el diseño presupuestal de años fiscales posteriores.
El jefe de Estado aseveró además que la convocatoria a las urnas representará, en beneficios sociales, una cifra un millón de veces superior a su costo.
Según refirió el registrador nacional, Hernán Penagos, de aprobarse, el ejercicio participativo podría demandar entre 700 y 750 mil millones de pesos, o sea entre 160 y 175 millones de dólares al cambio actual.
El pasado 1 de mayo Petro radicó ante el Senado de la República el cuestionario que tendría el ejercicio participativo.
A partir del momento de su presentación, la Plenaria dispone de un mes para pronunciarse sobre el proceso, que deberá alcanzar 53 votos a favor en ese órgano para seguir su curso.
El cuestionario diseñado contiene una docena de preguntas sobre el ámbito laboral.
La primera de ellas inquiere acerca de si está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo ocho horas y no se extienda más allá de las 18 horas, en tanto la segunda cuestiona sobre la pertinencia de pagar un recargo del 100 por ciento por la labor desempeñada en una jornada de descanso, dominical o festiva.