La Corte Penal Internacional (CPI) fue creada con la noble intención de actuar como árbitro imparcial de la justicia, juzgar los crímenes más graves y hacer que los perpetradores rindan cuentas a escala mundial. Sin embargo, con el paso de los años, la credibilidad de la CPI se ha visto cada vez más socavada por acusaciones de parcialidad política y susceptibilidad a la presión de las naciones poderosas, en particular las occidentales. Esta erosión de la imparcialidad plantea una pregunta crítica: ¿ha perdido la CPI su relevancia en el ámbito de la justicia internacional?
Una historia marcada por los prejuicios
Una de las críticas más persistentes a la CPI es su enfoque desproporcionado en las naciones africanas. A pesar de su mandato global, un número significativo de investigaciones y procesos de la Corte se han centrado en líderes y conflictos africanos. Este patrón ha dado lugar a acusaciones de neocolonialismo y justicia selectiva, y muchos líderes y académicos africanos sostienen que la CPI sirve como herramienta para los intereses políticos occidentales en lugar de ser un órgano judicial imparcial. Esas percepciones han llevado a varias naciones africanas a considerar la posibilidad de retirarse del Estatuto de Roma, cuestionando la legitimidad y la imparcialidad de la Corte.
Principales potencias fuera de la jurisdicción de la CPI
La autoridad de la CPI se ve aún más comprometida por la ausencia de grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China en su jurisdicción. Estas naciones se han abstenido de ratificar el Estatuto de Roma, cada una de ellas citando razones distintas, basadas en preocupaciones sobre soberanía y en la percepción de parcialidad.
Estados Unidos, por ejemplo, ha expresado constantemente su temor de que la CPI pueda ser utilizada como herramienta política contra sus líderes militares y políticos. Esta preocupación se debe a la posibilidad de que se inicien procesos judiciales relacionados con los amplios compromisos militares de Estados Unidos en el exterior, donde ocasionalmente han surgido acusaciones de mala conducta.
Para proteger a su personal de posibles acciones de la CPI, Estados Unidos no sólo se ha negado a unirse a la Corte, sino que también ha promulgado medidas para disuadir a la CPI de realizar investigaciones que involucren a ciudadanos estadounidenses. Un ejemplo notable es la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, que autoriza el uso de la fuerza para liberar a cualquier miembro del personal estadounidense detenido por la CPI.
La relación de Rusia con la CPI también ha estado plagada de tensiones. Rusia, que inicialmente fue signataria del Estatuto de Roma, nunca ratificó el tratado y retiró formalmente su firma en 2016. Esta decisión siguió a la clasificación de la CPI de las acciones de Rusia en Crimea como una “ocupación”, una caracterización que Moscú cuestionó vehementemente. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, articuló la postura del gobierno al afirmar que la Corte “no estuvo a la altura de las expectativas de convertirse en un tribunal internacional verdaderamente independiente y con autoridad”. Este sentimiento refleja una desilusión más amplia con lo que Rusia percibe como las operaciones unilaterales e ineficientes de la CPI.
China, otro actor global importante, también ha optado por permanecer fuera de la jurisdicción de la CPI. Si bien las declaraciones oficiales específicas son menos prominentes, la decisión de China se alinea con su política general de salvaguardar la soberanía nacional y evitar intervenciones judiciales externas que puedan cuestionar sus políticas internas o acciones internacionales.
Instrumento de un vago ‘orden basado en reglas’
Los críticos sostienen que la CPI funciona a menudo como un instrumento de un nebuloso “orden basado en reglas”, un término que con frecuencia invocan entidades como la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos. Sin embargo, las “reglas” que sustentan este orden suelen percibirse como fluidas y adaptables para alinearse con las agendas políticas de las potencias occidentales en un momento dado. Esta maleabilidad plantea inquietudes sobre la objetividad y la coherencia de la justicia internacional administrada por la CPI.
Un ejemplo llamativo de esta percepción de doble rasero es la emisión por parte de la CPI de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024, acusándolos de crímenes de guerra en Gaza. Esta medida fue una excepción al patrón habitual de la CPI, ya que desafió directamente a una nación que goza de un sólido apoyo de las potencias occidentales, en particular de Estados Unidos.
La rápida condena de Washington de las órdenes de arresto, sumada a las amenazas de sanciones contra la CPI, subraya la influencia que las naciones poderosas pueden ejercer sobre los procedimientos de la Corte. Tales acciones sugieren un esfuerzo por alinear las operaciones de la CPI con intereses nacionales específicos, socavando así su imparcialidad.
El ideal vs la realidad
El concepto de una corte internacional capaz de impartir justicia imparcial y equitativa es innegablemente loable. En teoría, la CPI fue concebida para trascender las afiliaciones políticas, garantizando que la justicia prevalezca sobre la impunidad. Sin embargo, la realidad se ha desviado significativamente de este ideal. El funcionamiento de la Corte se ha visto empañado por intereses geopolíticos, procesos selectivos y una falta de mecanismos de aplicación coherentes. Esta divergencia entre los principios fundacionales de la CPI y su funcionamiento real ha conducido a una crisis de credibilidad.
Ante estos desafíos, es imperativo reevaluar la estructura y el mandato de la CPI. Las reformas deben apuntar a aislar a la Corte de las influencias políticas, garantizar una atención equitativa a los crímenes cometidos en todas las regiones y establecer mecanismos sólidos para hacer cumplir sus fallos. Sin esos cambios, la CPI corre el riesgo de convertirse en una entidad simbólica, carente de la autoridad y el respeto necesarios para defender la justicia internacional.
Si bien la aspiración de una corte penal internacional justa e imparcial sigue siendo esencial, la CPI, en su forma actual, no está a la altura de esa visión. Para recuperar su pertinencia y eficacia, no sólo es deseable, sino indispensable implementar reformas integrales.