La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y autoridades gubernamentales de Argentina volverán hoy a la mesa de negociaciones, tras un paro nacional y manifestaciones realizadas por los afiliados al sindicato en todo el país.
Según una notificación de la Dirección de Análisis Laboral del Sector Público, la audiencia, convocada de manera urgente, tendrá lugar a partir de las 13:00, hora local.
La víspera, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, resaltó el impacto de las medidas de fuerza y denunció la posibilidad de miles de despidos en las próximas horas.
El dirigente sindical confirmó que, en medio de la jornada de lucha, el Gobierno convocó a paritarias (negociaciones) e insistió en la necesidad de que esos espacios permitan acordar una recomposición salarial acorde al contexto actual.
“Logramos que nos convocaran. Es un primer paso. Ahora tenemos que evitar que las reuniones se conviertan en una nueva payasada”, afirmó durante una concentración en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
“Las rebajas salariales son continuas. Necesitamos que se inicie un proceso de recuperación de todos los ingresos. Nuestras expectativas tienen que seguir puestas en un plan de lucha”, añadió.
Además, recordó que este mañana vencen tres mil contratos laborales y a fines de marzo más de 50 mil.
Demandamos que se renueven de manera automática todos esos vínculos y se les dé plena estabilidad. Los estatales no vamos a aceptar que el costo fiscal de la baja de retenciones al campo y la eliminación de los impuestos a la compra de autos de alta gama sea compensado con nuestras fuentes de empleo, el cierre de organismos o la privatización de empresas públicas, aseveró.
Asimismo, cuestionó el nombramiento por decreto presidencial de dos jueces de la Corte Suprema (Ariel Lijo y Manuel García Mansilla) y la impunidad ante hechos de estafa y corrupción.
Los afiliados a ATE también piden la extensión de una moratoria previsional, la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el cese de las políticas de desfinanciamiento de la salud y la derogación de un decreto que transforma en sociedad anónima a Yacimientos Carboníferos Río Turbio.