El presidente de Argentina, Javier Milei, nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto el martes, sin pasar por el Senado durante su receso, una medida ampliamente condenada como un abuso de la autoridad ejecutiva.
La oficina de Milei defendió los nombramientos, argumentando que llenar las dos vacantes en el panel de cinco miembros era esencial para que el tribunal funcionara correctamente.
La Corte Suprema “no puede desempeñar su función normal con sólo tres jueces”, afirmó el gobierno en un comunicado.
El año pasado, Milei había nominado al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla, pero tuvo dificultades para obtener la aprobación del Senado, ya que su coalición libertaria sólo tiene siete de los 72 escaños de la cámara. El Senado tampoco rechazó formalmente a los candidatos.
El martes, la oficina presidencial indicó que “el Senado optó por guardar silencio”, pese a que “quedó demostrada la idoneidad de los candidatos para el cargo”.
Polémica por la nominación de Lijo
El nombramiento de Lijo, en particular, ha provocado reacciones negativas. El juez federal ha enfrentado acusaciones de conspiración, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, así como múltiples violaciones de la ética.
Su nominación sorprendió a los partidarios de Milei, dado que el presidente hizo campaña como un outsider anti-establishment que prometía desmantelar la élite política de Argentina.
La ONG Human Rights Watch condenó la medida como “uno de los ataques más graves contra la independencia de la Corte Suprema de Argentina desde el regreso de la democracia”.
“El presidente Milei no puede pretender evadir los mecanismos institucionales simplemente porque no ha obtenido los votos necesarios en el Senado para designar a sus candidatos”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
Los nombramientos, emitidos apenas unos días antes de que el Congreso regrese del receso, son temporales: Lijo y García-Mansilla permanecerán en sus cargos hasta el 30 de noviembre, cuando sus nominaciones deberán presentarse ante el Senado.
A pesar de ello, los críticos sostienen que la medida de Milei es un intento de llenar el poder judicial con partidarios del presidente. Los expertos legales advierten que el poder del presidente para nombrar jueces durante un receso del Congreso es limitado.
“Los decretos son de uso restrictivo y no pueden ser utilizados como una mera alternativa a los procedimientos regulares previstos en la Constitución”, afirmó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Agregó que cuando tales decretos se aplican más allá de su alcance previsto, “el orden constitucional y los derechos del pueblo están en grave peligro”.