La Policía Nacional de Ecuador encontró cadáveres en una zona militar cercana a donde fueron vistos por última vez hace más de dos semanas los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil, un caso que conmociona hoy al país.
Los cuerpos fueron hallados en la zona agreste de Taura, en el cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, mientras prosiguen las investigaciones para saber el paradero de los niños, reportó el canal Teleamazonas.
Las autoridades aún no han confirmado la cantidad exacta de los cuerpos encontrados ni tampoco su identidad.
De acuerdo con el portal digital Primicias, equipos de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), Criminalística y otras unidades especializadas realizarán los análisis forenses para determinar su identidad y las causas de muerte.
Ecuador está pendiente del caso de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en Guayaquil, luego de que uniformados se los llevaran en una camioneta.
Una jueza declaró este martes la existencia de desaparición forzada en el caso y dictó medidas de reparación integral.
Entre ellas, que el Estado, por medio del sistema nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los niños.
La desaparición de los menores tiene lugar en medio de la crisis de seguridad en Ecuador y en el contexto de un estado de excepción que autoriza al Ejército a realizar operativos en las calles, lo cual ha puesto bajo la lupa la participación de aparentes uniformados en actos ilegales y de abuso de poder.
Decenas de personas realizaron plantones el pasado lunes en Quito y Guayaquil para exigir respuestas del más reciente caso, que acapara la atención en este final de año.
Mientras, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas dictó medidas de acción urgentes que el Estado ecuatoriano debe cumplir antes del 7 de enero de 2025.
Entre ellas, establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata de los menores de edad y para la investigación exhaustiva e imparcial.