Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en la capital italiana, Roma, contra el proyecto de ley de seguridad que impulsa la primera ministra del país europeo, Georgia Meloni.
La movilización partió de la Piazzale del Verano y atravesó numerosas calles de Roma hasta llegar a Piazza del Popolo. De acuerdo con los organizadores, unas 50.000 personas, además de movimientos sociales y activistas de diversos colectivos, manifestaron en la capital italiana su rechazo al polémico proyecto de ley de seguridad y expresaron su determinación de detenerlo.
En otros puntos de Italia también hubo manifestaciones, con participación de más de 200 grupos estudiantiles, sindicatos, asociaciones o partidos de la oposición.
En opinión del secretario de Organización de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Luigi Giove, el proyecto de ley «afecta los derechos y a la democracia». Recordó que las formas pacíficas de protestas son esenciales para que la democracia se defina como tal. Aseguró que quienes tomaron las calles lo hicieron en defensa de su trabajo y para proteger el derecho a manifestarse.
Carteles portados por los manifestantes mostraban a Meloni besándose con el dictador y fascista italiano Benito Mussolini (1883-1945).
Un diputado y miembro del secretariado del Partido Demócrata, Marco Furfaro, puntualizó que «se suman 20 nuevos delitos penales con penas de hasta seis años de prisión para los ciudadanos que quieran expresar cualquier tipo de disidencia».
Otro legislador, esta vez de la Alianza Verdes-Izquierda, Nicola Fratoianni, le envió un mensaje a la derecha local, promotora del proyecto de ley:Si quieren seguridad, miren los problemas reales del país. Si quieren seguridad, den un hogar a las familias menos favorecidas, garanticen un salario digno a los trabajadores y eliminen la precariedad.
Reportes de prensa mencionan que el proyecto criminaliza los cortes de carreteras como expresión de protesta. Asimismo, establece medidas más estrictas contra la ocupación irregular de viviendas y brinda la opción de aplicar penas de prisión más duras y extensas.
La normativa es promovida por la coalición de Gobierno que encabeza Meloni. Está pendiente su aprobación en el Senado. Con anterioridad se validó en la Cámara de Diputados.