En Ecuador concluye hoy una semana marcada por las protestas contra la construcción de una cárcel en la comunidad amazónica de Archidona y, por otro lado, la promesa del Gobierno de acabar con los apagones el 20 de diciembre.
Tras más de 10 días de protestas y bloqueos de carreteras, residentes y líderes sociales de Archidona y localidades cercanas se unieron y tomaron la sede de la gobernación de la provincia de Napo en rechazo al proyecto penitenciario de máxima seguridad.
Pese a la oposición de la ciudadanía y también de varios sectores políticos, el Gobierno del presidente Daniel Noboa insiste en llevar adelante la obra adjudicada a una empresa para erigirla por 51,9 millones de dólares en 300 días.
Los líderes sociales señalan que una prisión allí tendrá impacto en el entorno natural, en la economía y en instituciones educativas cercanas donde estudian alrededor de cinco mil niños y adolescentes.
Por otro lado, Noboa anunció que los cortes de electricidad acabarían definitivamente el 20 de diciembre, sin embargo, habrá un apagón para siete grandes industrias durante 15 días continuos, del 15 al 30 de diciembre.
La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, María Paz Jervis, advirtió que esa decisión impactará cerca de cinco mil 500 empleos y causará pérdidas de 100 millones de dólares.
No entendemos que se declare el fin de la crisis y se diga que un sector no entra porque gasta mucho, “es difícil de comprender, no vemos una explicación técnica”, cuestionó Jervis en entrevista con el canal local Ecuavisa.
El ofrecimiento del mandatario, además, pende de un hilo ante el déficit de generación y al incumplimiento de la empresa Progen, contratada para la entrega de motores de energía térmica.
Especialistas del sector eléctrico coinciden en que la promesa del Ejecutivo responde a cuestiones políticas a pocos meses de las elecciones y no toma en cuenta todos los factores que deben confluir para superar la crisis eléctrica.
En cuanto a la inseguridad latente en esa nación sudamericana, esta semana trascendió que el mandatario ordenó el despliegue de más de dos mil efectivos de las Fuerzas Armadas en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, por los altos índices de violencia.
En el ámbito político, el pasado lunes el jefe de Estado decidió promulgar mediante un decreto la denominada Ley Antipillos, proyecto que la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazó y archivó porque incluye un aumento de impuestos.
Ese hecho, suscitó un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y conllevó al parlamento a solicitar a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el caso.