Los carcinógenos, disruptores endocrinos y otras sustancias químicas peligrosas siguen siendo de uso generalizado en toda Europa debido en parte a la aplicación laxa de las regulaciones de la UE por parte de las autoridades nacionales, según un nuevo informe de la organización benéfica jurídica ClientEarth.
Como las inspecciones son poco frecuentes, el incumplimiento rara vez se sanciona y las multas son “casi inexistentes”, las sustancias peligrosas siguen utilizándose ampliamente y suponen un riesgo para los trabajadores y el medio ambiente en general, advirtió ClientEarth mientras la Comisión Europea planea simplificar las normas de la UE.
Según el reglamento sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), las sustancias identificadas como especialmente peligrosas están prohibidas por defecto y las autorizaciones para sustancias estrictamente controladas se conceden caso por caso cuando su uso se considera esencial y no hay alternativas viables disponibles.
Pero la Agencia Europea de Sustancias Químicas informó el año pasado que alrededor del 40% de las inspecciones realizadas en todos los estados miembros de la UE revelaron que las empresas no cumplían con los requisitos legales bajo el régimen de autorización, con problemas que iban desde la falta de datos de seguridad hasta usos sin licencia.
El trióxido de cromo, un compuesto cancerígeno utilizado en revestimientos protectores o decorativos brillantes en más de 1.000 plantas de toda Europa, es la sustancia más común en la que se han identificado problemas de cumplimiento.
A raíz de las conclusiones de la ECHA, ClientEarth se centró en Francia, Alemania y España, utilizando los datos disponibles y las solicitudes de acceso a la información para crear un panorama de cómo se divide la responsabilidad de la aplicación de la normativa entre las autoridades nacionales, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la Comisión.
El ejecutivo de la UE “tiene poca información y, por lo tanto, sabe muy poco sobre el estado cotidiano de la aplicación de la normativa”, concluyó el grupo, señalando que lo mismo suele ocurrir con los reguladores nacionales, donde la aplicación de la normativa se delega en organismos regionales. El resultado es un fallo sistémico de la supervisión, concluyó ClientEarth, argumentando que la Comisión tiene la obligación legal de tomar medidas.
Una ‘sensación de impunidad’
“El problema es doble: por un lado, las autoridades europeas no hacen cumplir las normas ni castigan a quienes las infringen”, afirma la experta jurídica Hélène Duguy. “Por otro lado, la aplicación deficiente de las normas refuerza las conductas comerciales ilegales y la sensación de impunidad de las empresas”.
Además, afirmó la organización benéfica legal, la Comisión Europea nunca ha retirado una autorización para usar una sustancia química peligrosa, incluso en casos en los que se ha detectado un incumplimiento de la ley.
La ECHA, con sede en Helsinki, ha declarado a Euronews que está al corriente del informe de ClientEarth y que se tratará en la próxima reunión de un grupo asesor formado por delegados de las autoridades nacionales de todos los Estados miembros de la UE. Reiteró que la aplicación de la normativa es una prerrogativa exclusiva de los gobiernos de la UE.
“El papel de la ECHA es gestionar el Foro de Cumplimiento, que es una red de autoridades nacionales de cumplimiento cuyo objetivo es armonizar las acciones de cumplimiento mediante la coordinación de proyectos prácticos de cumplimiento que proporcionen un alcance y una metodología comunes para los controles y la formación de los inspectores”, afirmó la agencia.
Más incumplimientos
La semana pasada, la ECHA informó de que, tras inspeccionar 2.500 fichas de datos de seguridad química que las empresas deben facilitar, se descubrió que más de un tercio no cumplían la ley. Las infracciones iban desde la falta de información sobre las nanoformas y las propiedades de alteración endocrina hasta la ausencia total del documento.
“Todavía queda trabajo por hacer para mejorar la calidad de la información a fin de garantizar una mejor protección de los trabajadores europeos que manipulan productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo”, afirmó Abdulqadir Suleiman, presidente del grupo de trabajo del Foro de Cumplimiento.
El sistema REACH ha estado plagado de controversias desde su creación hace 15 años, y en 2018 los reguladores alemanes identificaron fallas sistemáticas de las empresas a la hora de mantener actualizados miles de expedientes de registro, que deberían contener los datos más recientes sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Cuando se le pidió que respondiera a las afirmaciones del informe de ClientEarth, el Consejo Europeo de Industrias Químicas (Cefic) dijo a Euronews que no podía comentar las acciones de empresas individuales, pero que la asociación industrial tomaba “muy en serio la calidad y precisión de la información proporcionada en los expedientes REACH”.
“Apoyamos a nuestros miembros en el cumplimiento de la legislación de la UE sobre sustancias químicas, por ejemplo, a través de nuestro Plan de Acción para la Mejora de los Expedientes REACH, que se lanzó en 2019”, dijo un portavoz de Cefic sobre la respuesta del grupo de presión al escándalo anterior sobre el incumplimiento generalizado de las normas sobre el suministro de datos.
Se espera que la Comisión Europea proponga el año próximo una reforma radical del régimen regulatorio de la UE, y se ha encomendado a la nueva Comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, la tarea de producir un paquete que “simplifique REACH” teniendo en cuenta “consideraciones de sostenibilidad, competitividad, seguridad y protección”.