Descubra cómo los cuestionables tratos de Ursula von der Leyen con Pfizer la llevaron a los tribunales.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra en el centro de un gran escándalo de corrupción, comúnmente conocido como “Pfizergate”, que ha dominado los titulares mundiales en las últimas semanas.
El Pfizergate se debe a la adquisición por parte de la UE de una cantidad sustancial de vacunas contra la COVID-19 al gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, por un total de aproximadamente 2.400 millones de euros. Esta transacción es el origen del nombre del escándalo.
Si bien Pfizer obtuvo enormes ganancias de la crisis de COVID en Europa, los beneficios para la UE de este acuerdo son menos claros, ya que muchas de las dosis de la vacuna finalmente no se utilizaron antes de sus fechas de vencimiento.
El escándalo estalló cuando el New York Times dio la voz de alarma sobre la falta de transparencia en este acuerdo que fue negociado por el presidente de la CE y CEO de Pfizer, Albert Bourla.
Von der Leyen y Bourla, según NYT, negociaron los contratos de vacunas en privado a través de una serie de llamadas telefónicas y mensajes de texto.
La Comisión Europea admitió recientemente que estos intercambios entre Von der Leyen y Bourla sí tuvieron lugar.
La Comisión Europea hasta ahora se ha negado a revelar el contenido de los mensajes en cuestión, descartándolos esencialmente como poco importantes y sin relación con las negociaciones, pero sin respaldar realmente estas afirmaciones.
La situación se complica aún más por el hecho de que el marido de la presidenta de la CE, Heiko von der Leyen, trabaja como director en Orgenesis, una empresa de biotecnología estadounidense, que puede tener vínculos con Pfizer.
Varios medios de comunicación han afirmado que las acusaciones sobre cualquier conexión entre Pfizer y Orgenesis son infundadas.
Además de los posibles beneficios de Pfizer, también existe la posibilidad de que Ursula von der Leyen se haya beneficiado del acuerdo sobre la vacuna. Sin embargo, en última instancia, la decisión la tendrán que tomar los jueces europeos.