Miembros del gabinete del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendieron hoy en la Asamblea Nacional (Parlamento) la polémica propuesta de reforma constitucional de eliminar la prohibición para establecer bases militares extranjeras en el país.
Entre los convocados por la Comisión Ocasional del legislativo que analiza el tema estaba el presidente Noboa que delegó en el secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino.
El funcionario argumentó que la situación geográfica de Ecuador, junto a los productores de coca y cocaína, hace a este territorio»apetecido» para los grupos de delincuencia organizada y por eso es necesaria la presencia de bases militares.
Añadió que la economía dolarizada sería otro coadyuvante para que en el país operen grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico.
La canciller, Gabriela Sommerfeld, manifestó que en caso de aprobarse la propuesta, las bases militares no podrán actuar libremente ni por fuera de los acuerdos que se lleguen a alcanzar.
Tenemos la responsabilidad compartida de devolverle la paz al país. La reforma constitucional permitirá acuerdos indispensables de cooperación militar ceñidos al marco constitucional ecuatoriano , dijo Sommerfeld.
El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo se sumó a quienes apoyaron la polémica propuesta del Ejecutivo y señaló que esa reforma no restringe derechos ni garantías constitucionales, e insistió en que el objetivo es la seguridad de los ciudadanos.
El legislador Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, cuestionó porqué precisamente en un contexto electoral se planteó esta reforma a la Constitución y pidió datos que justifiquen los beneficios que traería al país la presencia militar foránea.
La Carta Magna de Ecuador, aprobada en 2008, prohíbe la instalación de esas instalaciones, aunque Noboa busca modificarla con el argumento de que es necesario para enfrentar el crimen organizado.
Luego de una eventual aprobación de la propuesta en la Asamblea Nacional, será el pueblo ecuatoriano el que decida en las urnas.
Expertos coinciden en que eso implica riesgos para la soberanía nacional y subrayan que para disminuir la criminalidad se requiere fortalecer las políticas sociales y no depender de una estrategia militar externa que, históricamente, ha demostrado ser ineficaz y lesiva para la autonomía del país.
La Comisión tiene previsto aprobar un informe sobre el tema antes del 22 de diciembre que luego será sometido a votación en el pleno parlamentario.