La catástrofe provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana se ha presentado para algunos como una oportunidad de iniciar una ofensiva en los tribunales. La estrategia no es nueva, de hecho guarda un precedente inmediato en el 2020, cuando se acumularon centenares de denuncias y querellas por la gestión de la pandemia.
Ahora la historia se repite: el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han recibido más de una decena de denuncias penales contra el presidente, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la de Defensa, Margarita Robles, o el presidente valenciano, Carlos Mazón.
Los delitos que se señalan van desde la omisión del deber de socorro hasta el homicidio imprudente, pasando por el de daños y el de prevaricación omisiva. Por lo general, según indican fuentes jurídicas a este periódico,las querellas parecen tan poco viables como algunas de las que se presentaron a raíz de la pandemia, en las que se llegó a acusar al Gobierno de cometer genocidio o delitos de lesa humanidad.
Tal y como explica el magistrado Joaquim Bosch, “es difícil que estas acciones puedan tener recorrido penal y afectar a cargos políticos”. Cuando han ocurrido catástrofes similares, “las condenas han afectado a técnicos de la Administración Pública” y son derivadas “al ámbito civil indemnizatorio”. Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por 20minutos coinciden en que, a priori, “la responsabilidad es más política que penal”.
Sin embargo, por estéril que pueda ser la estrategia penal de los denunciantes, hay en ella una innegable vertiente política. Así anunció el líder de Vox, Santiago Abascal, la presentación de una querella ante el Tribunal Supremo: “La política de Pedro Sánchez mata; como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada; como también mata no llevar la ayuda del Ejército desde el minuto uno; como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios; como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo”.
Lo que tienen en común Vox y otros querellantes como Manos Limpias, Iustitia Europa, Hazte Oir, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción o el Movimiento de Regeneración Política es que también están personadas como acusaciones populares en el caso Koldo o en la investigación a Begoña Gómez. Para Santiago Abascal, se trata de “cumplir con un deber” como partido político.
Iustitia Europa, que además de denunciar a Sánchez, Marlaska y Ribera se ha querellado contra el popular Carlos Mazón, denuncia en sus escritos una “cadena de fallos y omisiones flagrantes” a las que atribuye la magnitud del desastre material y humano.
Hazte Oir, que se ha querellado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, contra la Delegada del Gobierno y contra la ministra Teresa Ribera, apunta también a delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave y prevaricación. Iustitia Europa ratificó este viernes su querella contra Carlos Mazón ante el TSJCV, en la que incide en la ausencia del president en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) el 29 de octubre, la fecha en que comenzó el desastre: “Estuvo comiendo en el restaurante
El Ventorro de Valencia hasta cerca de las 18.00 horas”. La Confederación General del Trabajo (CGT) de la Comunidad Valenciana también ha emprendido acciones contra Mazón, en este caso un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de Valencia.
Además de las acciones que van por la vía de lo Penal, un abogado valenciano llamado Curro Nicolau optó por presentar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso en el que se acusa al Gobierno (y más concretamente, a Sánchez y Marlaska) de “inactividad” en la gestión de la DANA.
Fuentes del Supremo consideran que es “difícil” que las acciones que se han emprendido por la vía penal tengan recorrido.
“Se tendría que demostrar una imprudencia grave o menor grave, una actitud exorbitante y desproporcionada de pasividad. Las querellas de la pandemia acabaron todas archivadas”, señalan a este periódico. A raíz de una reforma del Código Penal en 2015, las imprudencias leves dejaron de ser punibles y son tramitadas por la vía administrativa.
Con lo cual, para que la posible imprudencia de un cargo político acabe teniendo repercusiones penales esta debería ser “grave o menos grave”. Esto significa que se tiene que demostrar que una acción u omisión no intencionada desembocó en un daño a un tercero, o a un “bien que esté protegido por la ley”.
Por esto mismo las fuentes consultadas creen complicado que salga adelante una querella por homicidio imprudente: “Es muy delicado achacar la muerte de más de 200 personas al presidente del Gobierno o al de la Comunidad. ¿Qué vinculo directo existe entre las acciones del Gobierno y las muertes? Tiene que haber una causalidad directa y es difícil de demostrar.
Además, el derecho penal tiene una regla que se llama el principio de intervención mínima: es la última ratio, el último recurso al que acude el Estado”. También descartan que hubiera un delito de omisión de socorro: “Ese delito se produce, por ejemplo, cuando tú vas conduciendo, ves un accidente y te marchas”. “¿Hubo descoordinación?”, plantean, “en todo caso parece una responsabilidad más política que penal”.
El juez Joaquim Bosch subraya que, para aplicar la responsabilidad penal de una catástrofe como esta a un político como Mazón o Sánchez, “lo que dice la jurisprudencia es que debe existir una relación de causalidad”. “Se debe probar que el cargo contaba con información suficiente para prever la magnitud del desastre y que hubo una actuación omisiva de cierta gravedad”. Una gravedad que, según acota el juez, “no hay que relacionarla con el resultado sino con el nivel de negligencia”.
También este juez recuerda que en la pandemia hubo cantidad de denuncias y querellas y “no hubo ningún castigo penal” a los altos cargos políticos. Bosch reconoce que “hace años que hay estrategias continuadas de judicialización de la política” y lamenta que “cada vez se hace más política en los tribunales y menos en los parlamentos”.