La líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, se enfrenta a un juicio que podría determinar su futuro político. Acusada de malversar fondos del Parlamento Europeo, Le Pen y 24 dirigentes de Agrupación Nacional están bajo intensa vigilancia.
Los fiscales de París solicitaron el miércoles una pena de dos años de prisión para la líder de extrema derecha Marine Le Pen y un período adicional de cinco años de inelegibilidad para postularse a un cargo, en un juicio por presunta malversación de fondos del Parlamento Europeo donde está en juego su capacidad para participar en la carrera presidencial de 2027.
El partido Agrupación Nacional y 25 de sus dirigentes, entre ellos Le Pen, están acusados de haber utilizado dinero destinado a los asistentes parlamentarios de la Unión Europea para pagar en su lugar a los empleados que trabajaron para el partido entre 2004 y 2016, violando así la normativa del bloque de 27 países. En aquel momento, Agrupación Nacional se llamaba Frente Nacional.
Los fiscales pidieron al tribunal que declarara culpable a Le Pen y le impusiera una multa de 300.000 euros y tres años más de prisión en suspenso. Pidieron que el período de inhabilitación se hiciera efectivo de inmediato, independientemente de que Le Pen presentara o no un recurso.
Ninguna emoción de Marine
El juicio, que durará nueve semanas, finalizará el 27 de noviembre y se conocerá el veredicto en una fecha posterior. Los abogados defensores hablarán en las próximas semanas.
Le Pen no mostró ninguna emoción en la sala del tribunal mientras escuchaba las exigencias de los fiscales.
“No es ninguna sorpresa”, dijo a los periodistas. “Observo que las afirmaciones de los fiscales son extremadamente escandalosas”.
Le Pen dijo que sentía que los fiscales “sólo estaban interesados” en impedir que ella se postulara a la presidencia en 2027. “Lo entendí bien”, dijo.
Le Pen quedó en segundo lugar, detrás del presidente Emmanuel Macron, en las elecciones presidenciales de 2017 y 2022, y el apoyo electoral a su partido ha crecido en los últimos años.
Los fiscales también solicitaron una sentencia de culpabilidad para todos los demás coacusados, incluidas varias penas de hasta un año de prisión y una multa de 2 millones de euros para el partido.
Le Pen ha negado las acusaciones de que estaba al frente de “un sistema” destinado a desviar dinero del Parlamento Europeo en beneficio de su partido, que dirigió entre 2011 y 2021.
Al hablar ante el tribunal la semana pasada, argumentó en cambio que las misiones de los asistentes debían adaptarse a las diversas actividades de los eurodiputados, incluidas algunas misiones altamente políticas relacionadas con el partido.
El puesto de asistente parlamentario “es un estatus”, afirmó. “No dice nada sobre el puesto, nada sobre el trabajo que se requiere, desde el de secretario hasta el de redactor de discursos, desde el de abogado hasta el de diseñador gráfico, desde el de guardaespaldas hasta el de empleado de la oficina del diputado europeo”.
Los coacusados de Le Pen, la mayoría de los cuales le deben su carrera política o profesional, testificaron bajo su estrecha vigilancia.
Algunos de los asesores dieron explicaciones avergonzadas y confusas, ante la falta de pruebas de que su trabajo estuviera relacionado con el Parlamento Europeo.
Le Pen insistió en que el partido “nunca recibió la más mínima protesta del Parlamento” hasta que en 2015 Martin Schulz, entonces presidente del organismo europeo, alertó a las autoridades francesas sobre un posible uso fraudulento de fondos de la UE por parte de miembros del Frente Nacional.
“Retrocedamos en el tiempo. Las reglas o bien no existían o eran mucho más flexibles”, dijo.
Le Pen temía que el tribunal sacara conclusiones erróneas de las prácticas habituales del partido, que según ella eran legítimas. “Es injusto”, repitió. “Cuando uno está convencido de que el tomate significa cocaína, ¡toda la lista de la compra se vuelve sospechosa!”.
La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, afirmó que, independientemente de las cuestiones políticas que pudieran estar en juego, el tribunal debía ceñirse a un razonamiento jurídico.
“Al final, la única cuestión que importa… es determinar, basándose en el conjunto de pruebas, si los asistentes parlamentarios trabajaban para el eurodiputado al que estaban asignados o para el Agrupamiento Nacional”, dijo de Perthuis.
El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, ha indicado que el coste del supuesto desfalco se estima en 4,5 millones de euros. “En las últimas semanas, ha quedado muy claro que el fraude está, creo, en gran medida demostrado”, declaró a los periodistas.