Un tribunal de Roma ha suspendido la aprobación de las órdenes de detención de siete inmigrantes que fueron reubicados la semana pasada en un centro de repatriación en Albania establecido por Italia.
La sentencia del lunes ha bloqueado por segunda vez los esfuerzos del gobierno italiano para implementar su plan de externalizar la recepción y repatriación de inmigrantes, como parte de un acuerdo firmado con Tirana el año pasado.
Los siete solicitantes de asilo proceden de Egipto y Bangladesh, los dos países que están en el centro de una disputa en curso entre el poder judicial y el gobierno.
El conflicto comenzó cuando el gobierno apeló una decisión similar del mes pasado ante el Tribunal de Casación, que se espera que se pronuncie sobre el caso en diciembre.
Sin embargo, según la ley, en caso de conflicto, el derecho europeo prevalece sobre el derecho nacional. Como resultado, los siete migrantes serán trasladados de regreso a Italia y liberados, al igual que el primer grupo de migrantes que regresó el mes pasado, a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Mientras tanto, el gobierno introdujo un nuevo decreto a finales de octubre, actualizando la lista de “países seguros” para evitar los obstáculos legales que plantea la legislación de la UE.
Se trata de aplicar el Derecho de la UE
Los jueces confirmaron su decisión anterior, diciendo que el procedimiento fronterizo “acelerado” utilizado para rechazar solicitudes de asilo sólo se aplica a individuos no vulnerables de países considerados “seguros”.
Determinaron que Bangladesh y Egipto no cumplen estos criterios, basándose en un fallo reciente del TJUE que establece que un país debe ser seguro en todas sus regiones y que todos sus ciudadanos deben ser considerados “seguros”.
Luciana Sangiovanni, presidenta de la Sala del Tribunal, explicó que, respetando las competencias de los legisladores nacionales, los jueces están obligados a garantizar la correcta aplicación del derecho de la UE, que prevalece sobre las leyes nacionales que entren en conflicto con él.
También señaló que la exclusión de un país de la lista “segura” no impide la repatriación de los migrantes cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas, pero rechazó la idea de la repatriación automática a ciertos países, como propone el gobierno.
La decisión del tribunal constituye una suspensión y no una decisión definitiva, a la espera de la sentencia del TJCE.
Las tensiones entre el poder judicial y el gobierno aumentan
La sentencia ha provocado más tensiones entre el poder judicial y el gobierno, y algunos políticos han acusado a los jueces de estar politizados.
La jueza Silvia Albano, del Tribunal de Roma, expresó su frustración al afirmar que ha sido objeto de una campaña de ataques personales impulsada por algunos medios de comunicación y políticos, entre ellos la primera ministra Giorgia Meloni. También recibió amenazas de muerte tras la decisión sobre la detención de doce inmigrantes en octubre.
Albano criticó lo que ella llama “los intentos del gobierno de socavar el poder judicial”, subrayando que los jueces deben defender la Constitución y los derechos legales, incluso si eso significa oponerse a las políticas del gobierno.
Por su parte, el viceprimer ministro Matteo Salvini criticó la sentencia, calificándola de otra “decisión política” que atenta contra la seguridad de Italia, y acusó a los jueces de sabotear las leyes del gobierno.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, pidió un mayor diálogo con el poder judicial y una reducción de las críticas políticas a las decisiones judiciales.